El PSC y ERC votarán a favor de la cesión del 30% de las promociones para pisos sociales

A ocho meses de las elecciones municipales, el gobierno de Ada Colau está cerca de lograr la aprobación de la que podría ser una de las últimas medidas relevantes del mandato antes de que la arena preelectoral lo centre todo. Se trata de la obligación de que los promotores que construyan en Barcelona destinen a vivienda protegida un 30% de sus construcciones. Como se calcula que en la ciudad se edifican cada año unos 1.100 pisos, el ayuntamiento cuenta con lograr cerca de 300 por curso para ampliar su parque de vivienda protegida.

La cuestión será debatida y sometida a votación este miércoles en la comisión de Urbanismo. El PSC ha anunciado este martes que votará a favor y ERC hará lo propio, según ha podido saber este diario. Son indicadores de que lo más probable es que la medida prospere, pero como los grupos pueden reservar su voto en comisión, podría darse el caso de que no haya un resultado final hasta el pleno municipal del viernes 28 de septiembre. Si el pleno da luz verde a la obligación, esta requerirá todavía la aprobación final de la subcomisión de Urbanisme de la Generalitat. Por lo pronto, la CUP reclamó el lunes que el porcentaje que los privados dediquen a vivienda protegida sea del 60%.

Euforia y dudas

La iniciativa fue aprobada inicialmente en junio pasado, con la condición impuesta por ERC y el PSC de que no se aplicará hasta su aprobación definitiva. Colau subrayó entonces que se trataba de una medida decisiva para el frente de la vivienda, en tanto que entre la oposición, incluidos grupos que votaron a favor de la medida, existe ciertos recelos sobre si al final el porcentaje fijado será del 30% o inferior. E incluso de si se llegará a aplicar.

El PSC, que en junio advirtió de la posibilidad de que los promotores recurran a la justicia para rechazar la obligación, ha reclamado este martes, a cambio de su voto favorable, la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de la norma. Lo ha pedido el concejal socialista Daniel Mòdol, que ha recordado que su grupo pidió no aplicar la obligación durante el verano para evitar una suspensión de licencias que pudiera provocar la pérdida de puestos de trabajo, entre otros efectos indeseados.

Mirando a las urnas

La cesión de un 30% para vivienda protegida será obligatoria en los casos de edificios plurifamiliares, en nuevas promociones y reformas que incluyan nuevas viviendas que en total superen los 600 metros cuadrados. Quedan exentos los edificios protegidos y en ámbitos en los que ya exista una reserva de vivienda protegida. Quienes compraran un solar entre el 1 de junio del 2016 y la fecha de la futura aprobación definitiva de la medida no tendrán que destinar el 30% a vivienda protegida: se considera que eso sería perjudicarlos por el precio de compra que pagaron. Si la adquisición se produjo antes del 1 de enero del 2016 sí debe aportarse el porcentaje, porque los estudios indican que los precios de entonces eran más bajos y no existe perjuicio a la propiedad. Si el solar fue comprado entre el 1 de enero y el 1 de junio del 2016, la cesión tendrá que ser del 20% y no del 30%.