El Gobierno establecerá "garantías" para evitar el turismo sanitario

El Gobierno establecerá "garantías" para impedir que la recuperación de la universalidad en la sanidad, uno de los primeros objetivos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, suponga un incremento del llamado turismo sanitario, que el PP usó como excusa en el 2012 para excluir a todas las personas 'sin papeles' de la cobertura sanitaria, como medida de ahorro. La ministra del ramo, Carmen Montón, señaló este miércoles que su departamento está estudiando cómo establecer una serie de requisitos para evitar, por un lado, que se produzcan "abusos" y, del lado contrario, que "nadie que necesite de cuidados" vea que se le cierran las puertas de los centros de atención primaria.

De esta forma, para impedir que extranjeros viajen a España exclusivamente con la intención de hacer uso de la sanidad pública se exigirá haber estado empadronado al menos 90 días. Pero los migrantes por razones económicas o refugiados con un informe de los servicios sociales podrán obviar esta condición, dado que la intención de Montón es que sean atendidos en “igualdad de condiciones” que los españoles. Asimismo, se estudia imponer para un tiempo de permanencia empadronado de dos años para ser trasplantado. 

Consejo interterritorial

Montón dio a conocer estas "garantías" tras una reunión con los consejeros de Sanidad en la que se analizó cómo derogar el decreto del PP que excluyó a los inmigrantes irregulares y los españoles que se iban fuera a buscar trabajo y estaban más de 90 días en el extranjero. La ministra señaló que es “cuestión de decencia” y aseveró que intentará “engrasar al máximo” la maquinaria para, de forma dialogada, intentar volver a abrir a todos las puertas de los centros de atención primaria en seis semanas. El decreto del PP desvió a las personas en situación administrativa irregular a las urgencias, salvo a los menores y embarazadas.

Las autonomías gobernadas por el PP reclamaron a la ministra que acompañe la propuesta de una memoria económica, así como de la financiación correspondiente, que fijaron en 1.200 millones de euros, teniendo en cuenta que podrían estar excluidos 840 personas. 

Sin seguridad jurídica

Si bien, las autonomías socialistas, que también reclamaron una mejora del sistema de financiación, consideraron que la universalización no tendrá sobrecostes porque, de una u otra manera, todos los territorios habían sorteado el decreto del PP. La ministra también reconoció que las autonomías habían buscado “soluciones” pero sin armonía y seguridad jurídica, una situación que el Gobierno trata ahora de corregir. Montón recordó además que según la UE es menos gravoso atender un enfermo en los centros de atención primaria que en las urgencias.

Las consecuencias de los años de exclusión las fijó el informe ‘Los efectos mortales de perder la cobertura sanitaria’, que calculó que la mortalidad de los inmigrantes irregulares ha crecido una media del 15% desde el 2012. Y las entidades de salud dan plena credibilidad a la estadística.