TRAS 22 AÑOS EN CATALUNYA

Nacionalidad denegada por no estar "adaptada al estilo de vida español"

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Helena López / Barcelona

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Llega a la cita directamente desde el CAP, de visitar a su médico de cabecera para pedirle un informe que demuestre que entiende y sigue sus órdenes. Antes había tenido que ir al instituto de su hijo mayor, al colegio del mediano y a la guardería de los dos pequeños, gemelos, a pedir un documento que acredite que es "una buena madre"; que lleva a sus hijos a la escuela con puntualidad, no falla a ninguna tutoría y que participa de forma activa en las actividades organizadas por las ampas, de las que forma parte. Lo mismo en la escuela donde estudió el curso de radioterapia y en el hospital en el que trabaja. "Resulta bastante vejatorio tener que exponerte ante todo el mundo, pero ahora es lo que me toca. Necesito toda esa documentación para presentarla junto al recurso", señala Noelia Ceroni. Tras 22 años viviendo en Barcelona -más de la mitad de su vida- hace pocas semanas recibió la denegación de su solicitud de nacionalidad española bajo el argumento de que "la interesada no se encuentra adaptada a la cultura y al estilo de vida españoles".

Nacida en Uruguay hace 43 años, Noelia vive en Barcelona desde los 20. "Me casé muy joven y vine con el que en aquel momento era mi marido. Allí llevaba una vida acomodada, mi padre era director de banco; no vine buscando una vida mejor, pero tenía ganas de cambiar. De aventura", recuerda. Inició la solicitud de la nacionalidad española en el 2014, para poder votar. "Soy una ciudadana sin derecho voto. No puedo votar ni aquí ni allí. Allí los primeros años el voto exterior estaba prohibido porque los primeros gobiernos en democracia eran de derechas y creían que el voto exterior era un voto exiliado, de izquierdas; después, con la llegada al poder de la izquierda, se quiso introducir, pero se hizo un referéndum y salió que no", explica. Aquí tampoco puede votar ni en las municipales porque no existe convenio entre los dos países. 

Examen sorpresa

Empezó a tramitar la nacionalidad en el 2014, tras 18 años viviendo en Barcelona. En aquel momento no trabajaba; se había cogido un tiempo para criar a su segundo hijo. Fue al registro civil junto a su mujer: "sin nacionalidad y sin trabajo necesitas a alguien de aquí que se responsabilice de ti", señala. Su pareja tuvo que presentar sus nóminas, extractos bancarios, las escrituras del piso que comparten, los papeles del coche, su vida laboral… "La funcionaria que nos atendió lo miró todo, comprobó que todo estaba en orden y entonces la hicieron salir para que hiciera el examen", relata. 

Noelia sabía de la existencia de un examen porque ha trabajado con colectivos de inmigrantes, pero denuncia que ni había sido informada del temario, ni de que el examen sería en aquel momento. "Yo iba a entregar papeles y de repente me veo ante un papel en el que me preguntan los artículos 6, 14 y  no recuerdo cuál más de la Constitución, cinco deportistas españoles, tres ríos de la comunidad de Madrid y quién era la presidenta de Andalucía", afirma.

Cuatro años de espera

Se quedó descolocada -"no había prácticamente ninguna pregunta sobre Catalunya, donde vivo"-, pero empezó a responder hasta que se topó con un "¿Dónde se celebran las Fiestas de la Paloma?". "¡Me indigné! Le dije a la funcionaria, '¡pero, a ver, que yo vivo en Barcelona!'. Y ella me respondió muy seria 'pero estás aquí para sacarte la nacionalidad española, no la catalana'", prosigue. "Le entregué el examen enfadada y consciente de que no era un gran examen, pero, al tener toda la documentación en regla, no pensé que me la denegarían", señala. Cuatro años más tarde, este junio, le llegó la resolución. Denegada. "La interesada no ha justificado grado de integración en la sociedad española conforme a lo previsto en el artículo 22.4 del Código Civil", decía también el papel que indignó a esta técnica de radioterapia que ha decidido no callar. "Ya no es por mí, es por todos. Si me hacen esto a mí, que soy blanca, tengo recursos y domino la lengua, ¿que no harán con las personas en situaciones mucho más vulnerables?", reflexiona.

Ella trabaja en un hospital privado y no tiene problemas, pero si quisiera acceder a una plaza en un hospital público tampoco podría hacerlo al no tener un DNI. "Hay gente que sí que se la juega. Para quien sí que es crucial tener la nacionalidad o no", insiste.

Cuestión de dignidad

Su abogado le planteó abrir un nuevo expediente, empezar los trámites desde cero, repetir el examen, aprobarlo y ya, pero se niega. "Es una resolución injusta y quiero recurrirla. Denunciarlo. Es una cuestión de dignidad.  Lo que yo he llorado. Lo que me ha costado no ver envejecer a mis padres ni crecer a mis sobrinos, para que me vengan a decir que no estoy adaptada, ¿pero qué se creen?", se emociona.

Otro de los motivos por los que Noelia tramitó la nacionalidad era no tener que volver a pasar por la renovación del NIE. "Un trámite que no le deseo a nadie. Las horas de cola. El trato recibido… y a mí, aún. Si eres negro y no dominas la lengua ya ni te cuento el trato", denuncia. "Al llegar mi turno le pregunté al policía si te daban el NIE al momento y me respondió que 'eso solo era a los españoles'", se vuelve a sulfurar.

Desde que hizo público su caso el pasado 4 de junio con un tuit que lleva ya más de 3.000 retuits, no han cesado las muestras de apoyo. La han llamado para interesarse por el caso desde el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el propio propio cónsul de Uruguay en persona, quien también se ha ofrecido a hacerle un informe de buena ciudadana.

Calcula que en un año y medio recibirá la resolución. Su abogado le advierte de que la mayoría los devuelven denegados, pero ella se mantiene firme. Cuestión de dignidad.

Declaración institucional

Este mes de mayo el <strong>Ayuntamiento de Barcelona</strong> aprobó una <strong>declaración institucional</strong> con los votos a favor de todos los grupos excepto de <strong>Ciutadans </strong>y del<strong> Partido Popular</strong> en la que se insta al gobierno español a la <strong>supresión "de forma inmediata"</strong> del <strong>examen CCSE</strong> (conocimientos constitucionales y socioculturales de España). El consistorio barcelonés insta también a la derogación del <strong>Real decreto 1004/2015</strong> que discrimina por razones económicas y de origen a las personas extranjeras que quieren acceder a la nacionalidad española.