Por fin la pobreza infantil en la agenda política

Ha sido difícil ser niño y niña en estos últimos años. Afectados por un mundo en crisis que mostró su verdadera vulnerabilidad, aquella que no supo paliar un Estado de Bienestar cada vez más débil. Sin una protección social específica los niños y las niñas son cosa de las familias: si a la familia le va bien ellos y ellas tienen las mejores oportunidades; si sus familias perdieron su trabajo o tienen trabajos precarios, los niños y las niñas son los primeros en sufrir las consecuencias. Es solo cuestión de suerte. Y los que han tenido mala suerte es muy posible que sufran las consecuencias toda su vida.

Save the Children ha luchado por visibilizar lo que le estaba pasando a casi dos millones y medio de ciudadanos y ciudadanas menores de edad que están sufriendo precariedad y falta de oportunidades. La sensación ha sido políticamente decepcionante: nos hemos debatido entre el negacionismo y un cierto oportunismo que a la hora de la verdad nunca priorizaba la infancia. El resultado es que desde los primeros datos de la Unión Europea sobre la pobreza infantil española no ha habido ninguna respuesta eficaz y las cifras han seguido creciendo: 1 de cada 3 niños sigue viviendo en una situación de precariedad que condicionará su vida.

Lo que era urgente se ha convertido en crónico y ya está teniendo un coste social que difícilmente vamos a mitigar. El número de niños que abandona los estudios ha caído para todos los niveles de renta entre 2008 y 2015 salvo para los niños más pobres, en el que casi la mitad deja de estudiar. Esto implica peor formación y menos oportunidades de empleo, lo que se traduce en baja productividad y alto nivel de desempleo juvenil, problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo que ponen en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar.

El anuncio de crear un Alto Comisionado de lucha contra la pobreza infantil ha sido un gesto político importantísimo: ahora la infancia tiene un líder, alguien que está dispuesto a situarla en un puesto destacado de la agenda pública del Gobierno. Pero éste es sólo el primer paso. Estamos solo en el punto de salida de una carrera de fondo que asegure la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas de España. 

La mejor receta para combatir la pobreza es evitarla. El Alto Comisionado debe aprobar medidas urgentes que transfieran recursos de emergencia para las familias sin ingresos, pero a la vez debe sentar los pilares de un sistema capaz de prevenir las situaciones de necesidad.

Hará falta una visión de futuro y deberá buscar la sostenibilidad de las políticas públicas. Será necesario dedicar fondos de unos Presupuestos Generales del Estado ya acordados. Las ayudas económicas deben llegar a todas las familias que las necesiten. El propio Pedro Sánchez afirmaba: "con 4.000 millones de euros sacaríamos a todos los niños de la pobreza más severa en España".

Será necesario invertir más y mejor. España es uno de los seis países de la UE que menos invierte en protección social de las familias y la infancia, tan solo el 1,3% de su PIB tiene este objetivo, frente a la media UE del 2.4 %. El otro gran problema es la ineficacia de las políticas actuales - incapaces de reducir los niveles de pobreza - 8,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE.

¿Qué medidas debería impulsar un Alto Comisionado? La primera y más urgente es la de mejorar la prestación por hijo a cargo tanto en cobertura, como en cuantía. El objetivo final sería convertirla en una prestación universal que apoyara a todas las familias en la crianza de sus hijos para garantizar que pueden atender adecuadamente sus necesidades. Pero, además, si el objetivo es romper el círculo de la pobreza y las nefastas consecuencias que tiene para la infancia, hay que apostar por coordinar políticas de vivienda, sanidad y educación e incluso de empleo.

El Alto Comisionado debe llegar para quedarse, más allá de esta legislatura. La apuesta por la infancia debe ser una apuesta de país. España presenta una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo y una de las esperanzas de vida más elevadas. Los expertos calculan que en 2031 habrá unos 1,2 millones de niños y niñas menos que en la actualidad frente a 11,7 millones de personas mayores de 64 años. Un desequilibrio que sólo se puede corregir tomándonos en serio a la infancia como parte esencial de la sostenibilidad de nuestro sistema.