Policías admiten errores en primeras diligencias sobre agentes de Coslada

Tres agentes de la Policía Nacional que investigaron las denuncias de unas prostitutas que desencadenaron el denominado caso Bloque, de presunta corrupción policial en Coslada (Madrid), han reconocido errores y otras anomalías administrativas en las actas que documentan estos primeros pasos del proceso.

Así lo han manifestado estos agentes durante la sesión de hoy del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exjefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, su mujer y su hijo, seis agentes locales y tres ciudadanos rumanos vinculados con la prostitución en el marco de esa operación, por la que en 2008 fueron detenidos 26 agentes locales.

Según la instructora de las primeras diligencias policiales, aunque en Comisaría las prostitutas únicamente habían acusado al rumano Catalin A. por amenazas, ella recibió una nota informativa que decía que, en una declaración a los primeros agentes que las atendieron, las meretrices mencionaron a un policía local de Coslada, Carlos M.R., por lo que solicitó que volvieran a declarar.

Fue en esta segunda declaración en la que las prostitutas denunciaron que ese agente -uno de los procesados- conocía la situación de las mujeres pero no tomó medidas, y además se aprovechó para tener sexo gratis con ellas.

Durante la sesión de hoy, los abogados defensores de Ginés y del resto de agentes han sacado a colación varias supuestas irregularidades en estas primeras diligencias, entre ellas las de esta nota informativa, que no está firmada, no se dirige a nadie y no tiene fecha, como sí es habitual en este tipo de documento.

También han señalado otros defectos en las actas que registran la instrucción, como la falta de coherencia de fechas y horas, según las cuales el reconocimiento fotográfico de los procesados se habría producido antes de la denuncia, lo que según los agentes responsables era solo "un error de formato".

Han sostenido asimismo que tampoco existe concordancia entre los números de identificación de los agentes y sus firmas en el acta, documento en el que uno de los policías ha reconocido su firma a pesar de no aparecer su número como participante.

Los abogados de los agentes acusados también han subrayado que no hay un documento que acredite el traslado de la investigación a la UDYCO de la Policía Nacional (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado), ni un parte oficial de traslado del caso al juzgado de Plaza Castilla.

Estos letrados pidieron ya en la primera sesión la nulidad del juicio por irregularidades o la anulación de varias pruebas del caso, que en 2008 destapó la supuesta trama de corrupción policial en el municipio.