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MALTRATO en ESPAÑA

Al menos 100 niños han muerto en los últimos cinco años víctimas de la violencia

Save the Children exige una ley de erradicación del maltrato, que aumente la prescripción de los delitos y la formación de profesionales

El Gobierno no incluye la norma entre sus prioridades, pese a que hay acuerdo unánime de los grupos políticos

Patricia Martín

Campaña #LosÚltimos100 de Save the Children destinada a que se apruebe una ley de erradicación de la violencia contra la infancia.  / Save the Children

Alicia, 3 años; Cristina, 13 años; Daniel, 1 año... Y así hasta 100 niños han muerto en los últimos cinco años a causa del machismo, el maltrato, los abusos sexuales o el acoso escolar, según los datos recopilados por Save the Children. Y puede que sean muchos más, porque los menores suelen sufrir los golpes, insultos, humillaciones y amenazas en silencio. 

Por ello, Save the Children puso en marcha este martes la campaña #LosÚltimos100 que persigue "visibilizar una realidad invisible", con el fin de generar un movimiento que obligue al Gobierno a aprobar una ley de erradicación de la violencia contra la infancia y que los 100 contabilizados sean los últimos fallecidos.

Decenas de caras conocidas como Alejandro Sanz, Elena Anaya o Cayetana Guillén Cuervo se han sumado a la iniciativa, que pretende recoger miles de firmas para exigir al Ejecutivo que cumpla el mandato del Congreso, que de forma unánime le exigió en septiembre aprobar una norma destinada a aumentar la protección de los menores. Sin embargo, Mariano Rajoy ha desoído la petición y no la ha incluido entre las leyes que prevé aprobar en el 2018, con el argumento de que no hay tiempo para tramitarla, debido a su complejidad, según la versión de la oenegé.

Si bien, Ana Sastre, directora de sensibilización de Save the Children opina que, precisamente si hay unanimidad política, "no debiera ser difícil" aprobar la ley. Además, entidades como Unicef, Plataforma de Infancia, Fampi y otras más apoyan la iniciativa legislativa.

Una realidad poco visible

Una de las primeras medidas a implementar es la elaboración de estadísticas, para conocer la magnitud de un problema ya de por sí difícil de medir dado que se calcula que sólo un 15% de los menores se atreve a denunciar. Aún así, en el 2016 (último dato disponible) se interpusieron 37.495 litigios y 15 de las víctimas perdieron la vida. Si bien, para recopilar las cifras del último lustro, la entidad ha tenido que recurrir a los medios de comunicación, que evidentemente no reflejan todos los casos. 

Laura Pérez y Ana Sastre, de Save the Children, en la presentación de la campaña / JOSÉ LUIS ROCA

Otros datos que dan idea de la alta incidencia del problema son que uno de cada dos abusos sexuales se dirigen contra un menor y que uno de cada 10 estudiantes dice sufrir acoso escolar. Desde que en el 2015 se dio el paso de incluir a los niños como víctimas directas de la violencia machista, sí que hay estadísticas sobre esta realidad, que indican que el año pasado ocho menores fueron asesinados por sus padres o la pareja de sus madres, mientras que 24 quedaron huérfanos. 

Las medidas necesarias

Por ello, el pacto contra la violencia machista recién firmado y que aún tiene que comenzar a rodar incluye un paquete de medidas para protegerlos, pero Save the Children pide ir más allá, con una ley contra todo tipo de violencias, que iguale la prevención y la atención al menos a la que reciben las mujeres destinatarias del acuerdo. 

La entidad reclama que la ley dote de formación especializada a todos los profesionales que trabajan con niños y que aumente la prescripción, de forma que en los delitos de abusos sexuales a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18, para darle tiempo suficiente a dar el paso de denunciar.

Asimismo, pide que se suspenda el régimen de visitas de los padres ante la presentación de una denuncia de maltrato. Y va más allá del pacto de Estado al exigir que se haga un seguimiento específico de cada menor.  

También reivindica la adaptación de la justicia a las necesidades de los niños, con juzgados y una fiscalía especializada, donde no se obligue al menor a repetir su testimonio varias veces, en ocasiones en presencia del agresor.