Australia pide el traslado voluntario a los solicitantes de asilo en Manus
Las autoridades australianas pidieron a los inmigrantes del centro de la isla Manus, en Papúa Nueva Guinea, que se trasladen de forma voluntaria a la isla de Nauru, confirmaron hoy fuentes oficiales.
El anuncio se realizó a través de un afiche en el centro de detención de Manus, que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional papuano y que el Gobierno australiano quiere cerrar, según la cadena ABC.
"Queremos que la gente salga del centro de tramitación regional de Manus porque queremos cerrarlo", dijo el ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton, en alusión al plan para cerrar este centro el 30 de octubre próximo.
Australia firmó el año pasado un acuerdo con Estados Unidos para que el país norteamericano acoja hasta 1.250 refugiados de la isla Manus y Nauru, los centros que tiene Australia en el Pacífico, a cambio de que Camberra acepte menos de medio centenar de refugiados centroamericanos.
Hasta el momento Estados Unidos solo ha acogido a cincuenta, lo que pone en un limbo a más de 800 solicitantes de asilo en Manus.
Amir Taguinia, uno de los refugiados iraníes en Manus, comentó a la ABC que él duda mucho que una gran cantidad de sus compañeros acepten la oferta de trasladarse a Nauru porque se trata "de otro centro de detención, en otra isla prisión".
"No queremos ser acogidos en Nauru o Papúa Nueva Guinea porque no es una solución", acotó el refugiado.
El centro de Manus fue declarado inconstitucional por el Supremo de Papúa, lo que después desencadenó una demanda en el Tribunal Superior de Australia que autorizó a principios de mes que el Ejecutivo de Camberra indemnice a unos 1.300 refugiados de Manus por un total de unos 56 millones de dólares (47 millones de euros).
Australia reactivó en 2012 su política para la tramitación en terceros países de las solicitudes de inmigrantes que viajan a su territorio en busca de asilo, y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y Nauru.
La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos han criticado estos centros de detención al calificar de inhumanas las precarias condiciones de vida en las que viven los internos.
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