30 may 2020

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Indignación en las Terres de l'Ebre por un nuevo trasvase de agua fuera de la cuenca del río

Una tubería de 122 kilómetros llevará agua del Segre a una decena de municipios del Anoia y la Conca de Barberà dentro de tres años

La Generalitat alega que la situación de esos pueblos es dramática por falta de suministro, pero los ecologistas temen que el agua vaya en un futuro al área metropolitana

SÍLVIA BERBÍS / TORTOSA / MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / CERVERA

El canal Segarra-Garrigues a su paso por Ponts.

El canal Segarra-Garrigues a su paso por Ponts. / RAMON GABRIEL

Lo que para el Govern es un “acuerdo histórico”, fruto de un “alto sentido de la responsabilidad” para garantizar el agua a una treintena de municipios que hasta ahora han tenido graves problemas para suministrarse, para otros es “un expolio escondido en mentiras” que consolida “el avance de un trasvase camuflado hacia el área metropolitana de Barcelona, que expolia recursos del río Segre y acrecienta el desequilibrio entre territorios”. Así de distantes están las posturas entre la Generalitat y la Plataforma en Defensa de l’Ebre, a la hora de valorar los beneficios y perjuicios del acuerdo suscrito este jueves en Cervera, por el que unos 45.000 habitantes de la Segarra, el Urgell, el Anoia y la Conca de Barberà -estas dos últimas fuera ya del dominio de la cuenca hidrográfica del Ebro- van a poder beber dentro de tres años agua del Segre, transportada a través del canal Segarra-Garrigues.

A pesar de que el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha asegurado en el acto oficial de firma del acuerdo que esta obra no es, en absoluto, una primera piedra para un futuro trasvase hacia el área metropolitana, la plataforma del Ebro insiste en que tanto el Segarra-Garrigues como el canal Xerta-Sénia, son dos infraestructuras que se han construido sobredimensionadas, persiguiendo una futura “especulación en torno a la comercialización del agua”, ha señalado Manolo Tomàs, portavoz de la entidad proteccionista.

"No hay nada de eso, esto no es el principio de nada", ha replicado Rull, que ha insistido en que los beneficiados por la nueva obra son "ocho municipios de la Conca de Barberà y dos del Anoia, de unos pocos miles de habitantes, que viven una situación dramática, que se están abasteciendo con cubas de agua". "Estoy convencido de que la gente del Ebro va a estar al lado de la gente, también la de estas poblaciones", ha remachado.

El acuerdo de Cervera no ha dejado de “indignar” a los sectores antitrasvase, que sostienen que no hace más que consumar sus peores augurios. Ven claro que la Generalitat avanza en un proyecto diseñado para la “interconexión de redes” disimulada. “Ahora entran suavemente a una decena de municipios que ya forman parte de las cuencas internas de Catalunya, y se deposita el agua en un embalse que solo hará falta 'pinchar' para trasvasar hacia Barcelona”, señalaTomàs. “Ese agua va de paso”, afirma.

Un uso social para un canal Segarra-Garrigues a medio gas

El proyecto de abastecimiento de una treintena de municipios de la Segarra, el Urgell, el Anoia y la Conca de Barberà con agua procedente del embalse de Rialb no solo garantiza que estas localidades, que arrastran graves e históricos problemas de agua potable, mejorarán la calidad y la seguridad de su suministro, sino que implica también un nuevo aprovechamiento para el canal Segarra-Garrigues, que inicialmente solo se había previsto para usos agrícolas.

El canal, que debía regar unas 47.000 hectáreas de cultivos y que, por ahora, cubre poco más del 10% de esa superficie agrícola, cuenta con un presupuesto cercano a los 2.000 millones de euros. De ellos, en torno a 1.300 millones corresponden a la construcción de la denominada red secundaria, la que debería de llevar el agua del canal propiamente dicho hasta las fincas de los payeses, pero esta apenas se ha desarrollado al no haber suficientes agricultores interesados.

Este año 2017, cinco lustros después del inicio de las obras, está previsto completar la última de las infraestructuras del Segarra-Garrigues, el embalse de L’Albagés, donde se recogerán las aguas sobrantes.

También el ecólogo Narcís Prat opina que “no es descabellado” pensar que se avanza hacia el trasvase a Barcelona. De hecho, “ya estaba previsto”, sostiene, aunque se muestra comedido sobre el alcance concreto de la obra ahora anunciada: “Hoy por hoy estamos hablando de una cantidad muy pequeña de agua”. Otra cosa es el canal Segarra-Garrigues en su conjunto, los usos agrícolas que se le pretende dar, lo que va a cambiar (si es que llega a entrar en plena explotación) la fisonomía de las comarcas más secas de Lleida. “Todo lo que sea extraer agua del Segre y del Ebro es nocivo y evidencia una actitud hipócrita respecto a la protección del río y su delta”, apunta Prat.

UNA APORTACIÓN MÍNIMA

La aportación que se hará a las poblaciones de Barcelona y de Tarragona es de mínimos, de apenas 0,62 hectómetros cúbicos anuales, según acordó en el 2011 la Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable de la gestión de todos los recursos hídricos que vierten en el río Ebro (y por tanto del Segre, que es su principal afluente) y que ya dio luz verde al proyecto hace más de seis años. "Estamos garantizando un derecho básico a una población que está en una situación muy complicada y las alternativas que se planteaban, que eran traer el agua del minitrasvase de Tarragona o del sistema Ter-Llobregat, resultaban extremadamente costosas", ha argumentado el 'conseller' de Territori.

El proyecto final, que ha sido fruto de una negociación de casi una década, prevé aprovechar una parte de la red de canalizaciones ya existentes y construir 122 kilómetros de nueva red, siete estaciones de bombeo (el agua ha de ser elevada hasta 400 metros de altura) y tres depósitos de regulación. El agua que circule por estas tuberías se toma de una potabilizadora construida en el 2008 por la Generalitat a la altura del núcleo de Ratera y que se abastece directamente del canal Segarra-Garrigues, con agua procedente del embalse de Rialb, en la cuenca del Segre. 

Con toda esta infraestructura se podrá suministrar a la treintena de municipios firmantes del acuerdo en un plazo de aproximadamente tres años, con una inversión total de más de 21 millones de euros. De estos, 10 millones los aportará la Agència Catalana de l'Aigua (ACA); otros cinco millones son de las diputaciones de Lleida, Tarragona y Barcelona. El resto se repercutirá en el precio que paguen los usuarios durante un periodo de 25 años.