El PSOE encabeza una ofensiva para detener la implantación de más medidas de la LOMCE
Manuel Vilaseró
Periodista
María Jesús Ibáñez
Periodista
Redactora en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA desde el año 2002. Especialista en Alimentación.
MANUEL VILASERÓ / MADRID MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA
Detener la implantación de la polémica ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se ha convertido en una prioridad para la oposición hasta el punto de que puede ser la primera reforma legal iniciada por el nuevo Congreso de los Diputados. El pleno vota este martes la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el grupo socialista que prevé la paralización del calendario de aplicación de la norma mientras se redacta una nueva basada en un gran "acuerdo político y social".
Si el PP se quedó solo cuando se aprobó la ‘ley Wert’, rechazada por la gran mayoría de los partidos y de la comunidad educativa, es muy probable que ahora también quede aislado en su rechazo a la propuesta del PSOE. Rafael Simancas, el diputado socialista que defenderá la proposición en el pleno, se ha mostrado este lunes "confiado en que todos la apoyarán", tras contactar con el resto de los grupos parlamentarios. La diferencia es que en la anterior legislatura el PP disponía de mayoría absoluta y ahora solo cuenta con 122 de los 350 diputados.
Podemos y otros grupos de la izquierda, como ERC, querrían ir más lejos y derogar la LOMCE sin más, pero ya han comunicado al PSOE que apoyarán la proposición para presentar enmiendas durante la posterior tramitación. En el texto presentado por los socialistas se hace referencia expresa a que los aspectos ya implantados de la reforma Wert no se tocarán hasta que se alumbre una nueva ley.
El apoyo de Ciudadanos se daba prácticamente por descontado, dado que la propuesta refleja casi textualmente el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PSOE, pero a última hora del lunes anunció que se abstendrá, lo que no impedirá su aprobación.
ANTES DEL VERANO
Aunque la propuesta sea admitida, la paralización no será inmediata. Deberá superar toda la tramitación parlamentaria en la comisión de Educación, pasar de nuevo por el pleno, y ser votada en el Senado. En esta cámara el PP dispone de mayoría absoluta y podría enmendarla a su antojo, pero en el momento de su ratificación final el Congreso restituiría el texto inicial. Simancas cree que podría estar lista antes del verano con lo que se conseguiría "frenar los aspectos más negativos de la reforma", como las reválidas de ESO y de bachillerato, "que los rectores universitarios ya han pedido que se aplace", y los nuevos itinerarios de cuarto de secundaria.
El diputado socialista admite que no llegaría a tiempo para impedir la llamada reválida de sexto de primaria, sin valor académico, prevista para el próximo mayo, pero está convencido de que desde el nuevo Gobierno se podrían "amortiguar sus consecuencias más negativas", por ejemplo, la publicación de los ránkings de centros educativos a partir de los resultados, prevista en la LOMCE.
PENDIENTE DE LA INVESTIDURA
Todo está condicionado, sin embargo, a que se alcance un acuerdo para la investidura. De lo contrario la propuesta se quedará en nada, decaerá, al darse por finalizada la legislatura el próximo 2 de mayo, dentro de cuatro semanas. En ese caso, para Simancas, la iniciativa habrá servido, como mínimo, para "manifestar cuál es la intención" de la mayoría de los grupos, de la que "debería tomar nota el Gobierno en funciones", absteniéndose de impulsar el desarrollo de la ley.
En el preámbulo de la proposición, los socialistas recuerdan que "el ministro de Educación, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 13 de agosto pasado, rechazó la propuesta presentada por 12 comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación absolutamente precipitada de la ley. Nueve de ellas, las socialistas más Catalunya y Navarra, han recurrido contra la reválida de sexto de primaria.
DEFENSA NUMANTINA
La respuesta del Gobierno del PP al cerco a la LOMCE ha llegado este mismo lunes por boca del ministro de Educación. Íñigo Méndez de Vigo ha calificado de "incorrecta" la propuesta que se debatirá en el Congreso y ha garantizado que "el calendario de implantación" se aplicará. "El respeto a la ley es una característica del Estado de Derecho y estoy completamente convencido de que todas [las comunidades] la van a cumplir. Quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad a docentes y a familias: la ley se va a cumplir", ha advertido.
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