PROGRAMA MUNICIPAL
Un registro de heces caninas
Tarragona impulsa un banco de ADN para identificar a quienes no recojan las deposiciones
Es una falta leve tipificada en la ordenanza de espacio público en Tarragona y se sanciona con 250 euros de multa. Sin embargo, el año pasado, los agentes de la Policía Local solo impusieron seis sanciones, una cifra irrisoria comparada con las veces que los propietarios de perros dejan la deposición de su mascota en medio de las aceras, en una céntrica rambla, en la plaza o incluso en los parques infantiles. La dificultad de atrapar in fraganti al propietario infractor explica el exiguo resultado. Y sin multa correctiva, los excrementos campan a sus anchas.
Como esta actitud incívica dista mucho de mejorar, el Ayuntamiento de Tarragona ha decidido recurrir a técnicas del CSI y promueve la creación de un banco genético canino donde cruzar los datos de ADN de las muestras de heces que se detecten abandonadas en las calles. El objetivo es identificar al animal y localizar a quién remitir la sanción.
Cada vez peor
«Los jardineros municipales y encargados de la limpieza viaria son quienes más han notado el incremento de excrementos en la vía pública. Aunque instalamos pipicanes, esto va a peor; están hartos porque la lacra está aumentando hasta dimensiones brutales», afirma Ivana Martínez, concejala de Espacios Públicos. Martínez plantea el banco canino como una solución «pionera» cuyo mecanismo para ponerlo en práctica ya está en marcha. «Encargamos informes jurídicos a los servicios municipales para analizar los condicionantes legales y analizar si entre las obligaciones de los propietarios de perro se puede contemplar la de pasar por la prueba de ADN para constituir el banco», explica. Poder exigir la cesión de datos facilita el control de los dueños incívicos, pero, en cualquier caso, reconoce que la voluntariedad será clave.
«Sabemos que la implicación ciudadana será importante, de manera que a partir de septiembre está previsto mantener contactos con entidades animalistas y también con el colegio de veterinarios para que sean partícipes de este proyecto», asegura la edil de Espacios Públicos.
La base de datos con las muestras de ADN que puedan tomar los veterinarios a partir de análisis sanguíneos es la herramienta esencial. Con ella será posible estudiar y comparar las heces, un servicio que saldrá a concurso y que pueden prestar veterinarios o un equipo de la Universitat Rovira i Virgili para que, cruzados los datos, se pueda identificar al perro depositor y a su responsable. «Entonces se le tramitará la multa y también se le repercutirá el coste de la prueba de ADN, que no es excesivamente cara», expone la concejala.
Si a medio plazo el ayuntamiento se puede ahorrar parte del coste actual de la recogida de heces, que fuentes municipales cifran en 250.000 euros al año, la medida habrá implicado mejoras de salubridad y económicas. Y añade que los beneficios, si los hubiese, se revertirán en acciones en beneficio de los animales de la ciudad.
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