DERECHOS HUMANOS

Estrasburgo condena a Portugal por expropiar unos terrenos a una familia española

Los demandantes reclaman al gobierno portugués una indemnización por prejuicios materiales y daños morales

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 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este jueves a Portugal por vulnerar tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos al expropiar unos terrenos en Portugal a una familia española. La sentencia da la razón a Pilar Moreno Díaz Peña, ya fallecida, y a sus hijos Joaquín, Marta Pilar, Paloma de la Ascensión Francisca, Francisco Javier y María de las Mercedes Peña Moreno, nacidos entre 1951 y 1961, que residen en Algés y Cascais.

El objeto del litigio son dos terrenos de un total de 24.375 metros cuadrados, en el municipio de Oeiras, que los demandantes heredaron de su padre. Las alegaciones son por la cantidad recibida, la larga duración del proceso y la ausencia de un recurso efectivo. El Tribunal de Oeiras fijó en 1992 una indemnización de 14.963.936 euros, que en 1997 elevó a 19.337.746 euros. Tras la presentación de sendos recursos, la indemnización abonada en 2010 fue de 2.700.741 euros. La Sala Primera de la Corte europea apoyó por 5 votos contra 2 que Portugal había vulnerado el derecho de los ciudadanos al respeto de sus bienes y que estos tuvieron que "soportar una carga especial y exorbitante que ha roto el justo equilibrio" entre las exigencias del interés general y el derecho al respeto de los bienes. Los tribunales "debían haber compensado el retraso del proceso, actualizando la indemnización según la inflación y añadiendo intereses", dice el fallo.

Los demandantes reclamaron a Portugal en su escrito 24.183.946 euros por perjuicios materiales (diferencia entre la evaluación de expertos en 1996 y la cantidad recibida en 2010), 1.200.000 euros por daños morales y 615.391,86 euros por honorarios y gastos. El Gobierno portugués entiende que la primera petición es "infundada" y la segunda "sobrevalorada". La Corte europea pide a las partes en el fallo que remitan sus observaciones al respecto en el plazo de tres meses, con el fin de llegar un acuerdo compensatorio