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INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRÁFICO DE NIÑOS

Cinco imputados por la denuncia del robo de un bebé en la Dexeus

El juez cita a los acusados por la madre biológica y agrega uno más, el padre adoptivo de Marina

La medida judicial llega un mes después de que la Audiencia de Barcelona ordenase reabrir el caso

VÍCTOR VARGAS LLAMAS / JESÚS G. ALBALAT / BARCELONA

Giro en el proceso judicial por la denuncia del robo de un bebé en la clínica Dexeus. El juez ha resuelto imputar a cinco personas por el presunto delito de detención ilegal de Marina Estivill, la niña que alumbró Alfonsa Reinoso en la clínica barcelonesa el 18 de junio de 1987. La decisión judicial introduce una doble novedad en la causa: eleva la presión sobre los querellados, que, ahora sí, deberán comparecer ante el juez como imputados, y la introducción de un quinto imputado, uno más de los que reclamaba la acusación particular, una medida que el magistrado atiende a petición de la fiscalía.

Los denunciados por la presunta sustracción son la que fuera neonatóloga de la Dexeus Victoria López-Rodó; el abogado Ignasi de Gispert, como supuesto intermediario; Mercedes Porrera, que en 1987 era la directora del centro Casa de la Jove, donde la menor encinta estuvo acogida, y Cristina Rimbau, la madre adoptiva de Marina. El juez añade un quinto imputado a la demanda de la madre biológica: Jordi Estivill, el padre adoptivo y pareja por aquel entonces de Rimbau

El magistrado ha fundamentado la inclusión de Estivill al considerar «evidente» que los trámites de adopción fueron «un acto conjunto» llevado a cabo por la pareja, no solo por Rimbau, de manera que «la acción penal podría dirigirse también contra él». El magistrado manifiesta su sorpresa de que la denuncia no incluyera a Estivill y apela a la solicitud de adopción y a otra documentación para despejar cualquier duda de que «ambos tenían conocimiento de las irregularidades» en el proceso. Los cinco imputados están citados a declarar el próximo 10 de marzo.

IRREGULARIDADES

La quíntuple imputación llega apenas un mes después de que la Audiencia de Barcelona anulara el archivo judicial del caso, dictado en febrero del 2014, y ordenara al juez Emili Vilà que procediera a su reapertura y citara a declarar a los querellados. La Audiencia consideró que la documentación aportada permite determinar que el proceso de adopción se realizó «de forma irregular».

Atendía así al recurso interpuesto por el abogado defensor de Alfonsa Reinoso, Antoni Julià, que apelaba la decisión judicial de sobreseer el caso, argumentando que los hechos denunciados podían ser considerados como una conducta ilícita de sustracción de menores, detención ilegal y alteración de paternidad. El abogado cuestionaba asimismo que el proceso judicial se hubiera limitado a la petición de documentación y a la declaración de los querellados ante la policía, sin haber tenido la oportunidad de que acusados y testigos comparecieran en dependencias judiciales.

DETENCIÓN O ROBO

La Audiencia de Barcelona atendió a este planteamiento de la acusación particular y admitió la dificultad del caso por la complejidad para tipificar el posible delito como detención ilegal o robo, y a partir de esta consideración, para establecer si los hechos habían prescrito o no. En este sentido, el tribunal desatendía además los argumentos de la fiscalía, que apuntaba a la prescripción de un posible delito de adopción ilegal, pero nunca uno de robo del bebé. La Audiencia recuerda que la propia Reinoso descarta que diera su consentimiento para la adopción e incide en la documentación disponible para establecer que los trámites se produjeron «de forma cuando menos irregular», haciendo hincapié en la inscripción de Marina como hija de padres desconocidos, «a todas luces falso», al menos por lo que se refiere a su madre.

El 4 de febrero del año pasado, el juez archivó el caso al negar que el presunto robo de bebés pueda tipificarse como un delito de detención ilegal como aducen la madre biológica y la Fiscalía General del Estado. En una circular del 2012, el entonces fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, anunciaba que dicha acción no prescribía al poder ser considerada como un delito de detención ilegal. Semanas después del archivo, la acusación particular presentaba recurso contra la decisión, que se ha saldado con la aceptación de la Audiencia, la reapertura del caso y la quíntuple imputación.

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