Nuevo varapalo de la UE a la legislación hipotecaria española
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelve a corregir severamente al Estado español a cuenta de su legislación hipotecaria. El tribunal ha emitido un fallo este jueves que mantiene que los afectados por una ejecución hipotecaria que no estén conformes con una resolución podrán recurrirla. Parecerá algo obvio, pero no es así: en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil dejó escrito que solo los bancos podían presentar un recurso contra una resolución judicial, a excepción de algunos casos. Se da la circunstancia de que aquella reforma legal ya se emprendió a raíz de un capón jurídico comunitario: el mismo Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el sistema de desahucios español era ilegal por la presencia de cláusulas abusivas en las hipotecas que perjudicaban económicamente a los que las firmaron.El tribunal considera que la ley incumple el artículo 47 de la Carta de Derechos de la UE y la directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.
REIVINDICACIÓN DE LA PAH
La sentencia ha venido motivada por una cuestión prejudicial planteada a Bruselas por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado 2 de abril por un caso de ejecución hipotecaria. La Audiencia de Castellón preguntó por la redacción del artículo 695 de la ley de enjuiciamiento civil, del que destacó lo que consideró una contradicción. El artículo indica: "Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recuso de apelación". Pero añade: "Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno". La posibilidad de que el afectado también pueda recurrir una resolución que considere adversa en un proceso de ejecución hipotecaria es una reclamación que ha estado planteando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que encontrará en este fallo judicial un balón de oxígeno para sus reivindicaciones. En cuanto al Gobierno, tendrá que reformar la ley que ya reformó.
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