CCOO llama a la huelga en octubre contra el "desmantelamiento" de la Justicia
La decisión se produce tras el anuncio del Gobierno de "privatizar" el Registro Civil y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado la convocatoria de una huelga el 8 de octubre contra el "desmantelamiento" de la Justicia, tras la decisión del Gobierno de "privatizar" el Registro Civil y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
CCOO también promoverá el día de la inauguración del año judicial, a mediados de septiembre, un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos.
CCOO hace un llamamiento a las demás organizaciones sindicales representativas en la Administración de Justicia para formar "un frente común" y apostar por una movilización "contundente" contra las últimas reformas impulsadas por el Gobierno.
Campaña de movilizaciones
Este anuncio se produce el mismo día en el que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), mayoritaria en el sector de la Justicia, ha informado de que emprenderá una campaña de movilizaciones el próximo 1 de septiembre que concluirá con una convocatoria de huelga contra la "privatización" del Registro Civil impulsada por el Gobierno.
CCOO considera en un comunicado que la aprobación de la "privatización" de los registros civiles por el Consejo de Ministros del pasado 4 de julio ha sido "un durísimo golpe" a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia.
Para el sindicato, esta propuesta supondrá que los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, que habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes y que se perderán cerca de 4.000 empleos públicos. Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de CCOO, recuerda que el anteproyecto de reforma de la LOPJ implica la supresión de todos los partidos judiciales, las audiencias provinciales y los juzgados de paz, lo que obligará a los ciudadanos a largos y costosos desplazamientos. La nueva LOPJ impone los planes de ordenación de recursos humanos, que serán "los instrumentos que sirvan al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia para suprimir miles de puestos de trabajo", según Hernández.
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