Vacamorta huele mal (publicado el 16 de marzo del 2014)

Tres tráileres vuelcan toneladas de residuos mientras una excavadora aguarda su turno para esparcir los detritos. Los montículos de desperdicios que dejan tras de sí son poca cosa comparados con la inmesidad del terreno yermo salpicado de chimeneas, algunas humeantes, que se adentran en las sucias tripas del vertedero de Vacamorta, en el municipio de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà). Daniel González, con la chapela y la indignación bien puestas, contempla la escena y destaca la poca distancia --"unos 500 metros", calcula-- que hay entre su casa y las molestas instalaciones.

Vacamorta es un inmenso agujero con capacidad para cuatro millones de metros cúbicos de residuos que el Tribunal Supremo ha ordenado clausurar y restaurar a su estado original en una sentencia reciente que no se puede cumplir. El mandato judicial está a la espera de que se resuelva una recalificación de los terrenos que la Generalitat se sacó de la manga para intentar legalizar un vertedero que trae de cabeza a los vecinos de la urbanización de Puigventós desde hace 15 años.

RODEADOS DE DIOXINAS

Esta instalación privada nació en 1999, de la mano del alcalde Antoni Mallorquí (CiU), que concedió la licencia de actividad a la empresa Recuperació de les Pedreres con el beneplácito de Medi Ambient, dirigido entonces por el 'conseller' Felip Puig. "Intentaron engañarnos, nos ocultaron información y nos aseguraron que no se tirarían materiales peligrosos, pero al final descubrimos la verdad", recuerda González, un vasco de 64 años que se afincó en el Empordà con una catalana "para vivir bien".

Los malos olores, los plásticos que vuelan los días de tramontana y el trasiego de camiones confirmaron sus peores sospechas. Aún hoy, después de tantos años, muchos días tienen que cerrar las ventanas por la noche porque les llega un molesto y característico hedor procedente del vertedero. "No huele siempre y hay gente más sensible que lo lleva peor, como mi mujer, que a veces tiene que ir al CAP porque se le irrita la garganta o le duele la cabeza. Estamos rodeados de dioxinas y nunca sabremos los casos de cáncer u otras enfermedades que han podido provocar", lamenta González.

La batalla judicial contra Vacamorta se inició desde el mismo momento en el que el vertedero vio la luz. En el 2003 se clausuró la instalación durante un mes y medio en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pero el siguiente 'conseller' de Medi Ambient, Ramon Espadaler, otorgó una nueva licencia ambiental que le permitió continuar la actividad. En el 2011, el TSJC declaró nula esa autorización, alegando que el plan urbanístico del municipio no preveía un equipamiento de ese tipo. Esa sentencia ha sido ahora confirmada por el Supremo, pero a pesar de eso el vertedero sigue abierto.

En el 2011, y viendo por dónde iban los tiros judiciales, Territori i Sostenibilitat aprobó un plan especial presentado por la empresa que gestiona el vertedero para darle cobertura legal con una reclasificación del suelo. El plan fue recurrido por el consistorio y por la Plataforma Alternativa al Abocador de Cruïlles y hasta que el TSJC no se pronuncie no se podrá plantear el cierre.

"Después de tanto tiempo, después de tantos recursos y después de tantas impugnaciones, la complicidad de la administración catalana con este despropósito medioambiental es flagrante y evidente y, por lo tanto, yo creo que es corresponsable de esta situación de forma clarísima", denuncia el abogado de la plataforma, Benet Salellas. Territori i Sostenibilitat afronta el caso con cautela: "Estamos estudiando la sentencia del Supremo, que afecta al ámbito urbanístico, para ver cómo se puede solucionar", explican, mientras que el alcalde de Cruïlles, Salvi Casas (ERC), lamenta la sensación "agridulce" que ha dejado en el pueblo una victoria judicial que aún no se puede cumplir.

PUJOL, CRESPO Y GBI

La empresa que gestiona Vacamorta está vinculada a Gustavo Buesa Ibáñez y al grupo GBI, el mismo al que el Ayuntamiento de Lloret de Mar adjudicó en el 2011, por la vía de urgencia, el servicio de recogida de basuras por más de 80 millones de euros poco antes de que el exalcalde y diputado convergente Xavier Crespo dejara el consistorio.

Es el mismo industrial al que también se adjudicó, tres años antes, la planta de tratamiento de residuos de Lloret (40 millones) y que gestiona los vertederos de Solius (Baix Empordà) y Pedret i Marzà (Alt Empordà), además de trabajar para otros ayuntamientos como Figueres, Roses y Platja d’Aro. Es el mismo grupo al que la Audiencia Nacional acaba de pedir que explique por qué motivo abonó a empresas de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del 'expresident', pagos por importe superior a 200.000 euros.