La Defensora investiga la actuación de la Guardia Civil en la tragedia de Ceuta

Desde ayer, Tarajal ha pasado a denominarse la playa de la muerte. El mar expulsó otros cinco cadáveres del centenar de subsaharianos

-esta cifra la manejan los supervivientes de la tragedia- que se echaron el jueves al mar para rodear un espigón y alcanzar la orilla española, en Ceuta. En total, la policía marroquí había contabilizado anoche  14 cadáveres, de los que solo dos habían sido identificados por amigos y familiares en la morgue de Tetuán, en el norte de Marruecos. Eran senegaleses. El resto se encuentran en los depósitos de cadáveres de Castillejos y Rincón, a los pies de la ciudad autónoma de Ceuta, según fuentes del colectivo Aljaima en Tánger, que defiende desde hace más de una década los derechos de los inmigrantes. Ante la magnitud de la tragedia, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, decidió ayer abrir una investigación de oficio para aclarar cuál fue la actuación de la Guardia Civil, a la que numerosos testigos directos y distintas organizaciones sociales acusan de haber disparado balas de goma y de fogueo y gases lacrimógenos contra los inmigrantes cuando estos se encontraban en el agua, lo que pudo contribuir a que algunos se ahogaran.

En concreto, la Defensora pedirá a la Delegación del Gobierno en Ceuta que especifique «el número de personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participaron en el refuerzo de la frontera y el material antidisturbios utilizado».

En contra de la versión de algunos de los supervivientes y testigos y de varias organizaciones sociales y humanitarias que trabajan en el norte de Marruecos, que calificaron de «inhumana»  la actuación de los agentes, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, negó que los agentes hubieran empleado armas de fuego y pelotas de goma contra alguno de los inmigrantes subsaharianos fallecidos. «Es muy injusto que alguien pueda pensar que la Guardia Civil ha disparado a algún inmigrante cuando lleva muchos años defendiendo y arriesgando su vida por estas personas», afirmó. Y añadió: «La actitud de los inmigrantes fue de una agresividad descomunal, ya que no solo arrojaron objetos y piedras a los agentes, sino que también llegaron a destrozar una garita de vigilancia y dañaron un vehículo».

TRAS LAS 'CONCERTINAS' / La polémica desatada por las muertes de Ceuta amenaza con dejar pequeña la suscitada el pasado año por la instalación de las controvertidas cuchillas o concertinas en la valla exterior de Melilla, que la madrugada de ayer trataron de superar sin éxito otros 1.400 inmigrantes divididos en varios grupos.

Mientras Fernández de Mesa viajará a Ceuta a principios de semana para entrevistarse con los agentes, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerá en el Congreso, después de que varios partidos políticos lo reclamaran. Izquierda Unida llegó a pedir la dimisión del titular de Interior y las críticas arreciaron también desde varias organizaciones sociales. SOS Racismo reclamó responsabilidades y, en un comunicado, afirmó incluso que si se demuestra que la Guardia Civil disparó balas de goma contra los inmigrantes se trataría de «un caso de homicidio, porque esos disparos habrían provocado los ahogamientos».

A la polémica por el presunto empleo de gases lacrimógenos y pelotas de goma se sumó ayer también la que suscitó la denuncia de que ocho inmigrantes que lograron alcanzar la parte española de la playa de Tarajal fueron devueltos sobre la marcha por la Guardia Civil a las autoridades marroquís, en lugar de ser detenidos y conducidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ceutí. Como informó ayer este diario, la devolución de los simpapeles fue grabada en vídeo por un vecino de la ciudad autónoma. Fuentes del instituto armado explicaron a Europa Press que la devolución automática de los inmigrantes que llegan a nado a la playa de Tarajal es «lo habitual» y forma parte de «un protocolo» por el cual, cuando resulta «evidente» y «reconocido» por Marruecos que los simpapeles han salido de su territorio, se omite el proceso administrativo de expulsión y se ejecuta directamente.