"Como poco y nunca hago un segundo plato para poder pagar la luz y el butano"

Carmen Guerrero es pensionista, tiene 78 años y vive sola en un piso de la Meridiana, en Barcelona. Afortunadamente el alquiler de su vivienda es bajo porque tiene un contrato muy antiguo. Carmen cobra una pensión mínima y apenas sale de casa por problemas de salud. A pesar de eso, su consumo de electricidad es muy pequeño. «Solo enciendo una bombilla en toda la casa y me lo pienso mucho antes de encender cualquier aparato», dice. De todos modos, su factura de luz puede rondar los 50 euros, una cantidad que le cuesta auténticos sacrificios poder pagar. «Procuro comer poco y nunca me hago segundo plato, porque no me llega el dinero para nada», dice.

La estufa que Carmen tiene en casa es de gas butano, pero cuando se le termina, a veces no puede pagar la bombona nueva y tiene que esperar. Por suerte, algunas veces sus hijas pueden ayudarla con el pago de las facturas, pero Carmen augura que con cualquier subida en la factura de la electricidad en enero no podrá asumir los gastos. «No estoy nada de acuerdo con esta subida, parece que los que mandan se pagan las fiestas con el dinero de los pobres», dice indignada. Su enfado se impregna de tristeza al pensar en las familias que están en situaciones desesperadas. Aún más. «Hay gente que está peor que yo, personas que además no tienen una casa». El anuncio de la subida del 11% la alarmó, pero por mucho que se amortigue el aumento seguirá siendo demasiado para ella.

Tres condiciones

Carmen desconoce si podría beneficiarse del decreto para impedir cortes de suministros a familias pobres que ayer aprobó el Govern. Al cobrar una pensión inferior a 400 euros, en principio podría acogerse llegado el caso, ya que el indicador de renta de suficiencia que no puede superarse es de 569,12 euros mensuales.

Tampoco la han informado sobre la existencia del bono social, mecanismo de protección que supone una reducción considerable de la tarifa y que las comercializadoras eléctricas pueden aplicar en determinados casos de vulnerabilidad, pero solo si lo pide el usuario.

El caso de Carmen reúne las tres condiciones que intervienen en la pobreza energética. La primera es vivir en un inmueble antiguo, lo que hace que su vivienda tenga un aislamiento insuficiente, como la mayoría de inmuebles construidos antes de los años 80. El segundo condicionante es el bajo nivel de ingresos por la crisis, los recortes en prestaciones sociales y la disminución del poder adquisitivo. Y el tercero, y que afecta a todos los ciudadanos por igual, es el brutal incremento del precio de la energía, que condena a la desesperación a quienes ya antes no podían asumir el coste de la vida.