Cadena de terremotos, cúmulo de irregularidades

La cadena de terremotos causados por el inicio de operaciones de inyección de gas fósil en el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta (a 1.700 metros de profundidad), hoy agotado y dedicado a aumentar la capacidad de almacenamiento de gas en el Estado español, ha obligado a detener temporalmente las operaciones de inyección de gas colchón iniciadas el pasado 14 de junio con más de un año de retraso sobre las previsiones iniciales.

Lo que debía ser , según la planificación del Gobierno, el almacén de gas fósil más grande de la Península -el  Castor, con 1.300 millones de metros cúbicos (MNm3) de gas operativo y 600 MNm3 de gas colchón, con una capacidad de inyección de entre 8 y 25 MNm3/día, capaz de cubrir la demanda española de gas fósil a lo largo de 50 días- ha tenido que detenerse dada la cantidad de terremotos causados (más de 220, los últimos de una intensidad superior a 4 grados en la escala de Richter).

Se puede decir que el Castor es un ejemplo más de cómo la llamada civilización industrial trata al planeta y a los seres vivos que lo compartimos. Con su adicción a todo tipo de combustibles fósiles, la sociedad (o mejor dicho, las grandes corporaciones que la dominan a través de gobiernos a su servicio) permite que se constituyan grandes consorcios (como Escal UGS: ACS -66,7%- y Dundee Energy -24,6%-) que materializan con la más absoluta impunidad su visión del mundo: el dominio de la naturaleza y de las sociedades pasando por encima de cualquier normativa y/o regulación.

Los sistemas naturales

El proyecto Castor se estaba llevando a cabo con un cúmulo de irregularidades (como la mayoría de grandes proyectos). El Ministerio de Industria emitió una orden (14 de julio del 2004) para obligar al consocio a presentar el estudio de impacto ambiental del proyecto en un plazo de tres años; y la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental de la Generalitat dispuso (12 de enero del 2006) que «se estudie la frecuencia de la actividad sísmica». El ministerio solicitó un informe al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y este respondió (2 de octubre del 2007) dando por válidos todos los argumentos de Escal UGS sin ninguna visita ni prueba sobre el terreno. Y después de todo esto, el consorcio modificó el proyecto y el coste del mismo se triplicó. La empresa presentó un nuevo documento, que no se correspondía con el informe del IGME y pese a que la Generalitat había reclamado (21 de septiembre del 2007) una evaluación detallada del impacto ambiental que no se tuvo en consideración.

¿Con qué legitimidad algunos grupos humanos se otorgan el derecho a perturbar el funcionamiento de los sistemas naturales en su afán de enriquecimiento y de introducir todo tipo de tecnologías con la única finalidad de dominar las sociedades?  Y mientras, se favorece la quema de gas fósil para calentar el agua y para la generación de electricidad, cuando el agua, el sol y el viento hacen lo mismo sin necesidad de tener que quemar nada.