La mengua del Estado del bienestar

Los geriátricos claman contra el recorte en dependencia

La 'consellera' Munté sostiene que la ayuda por residencia volverá a darse en octubre

El sector sostiene que su continuidad peligra si sufre más austeridad del Govern

Un grupo de abuelos en la residencia Sant Gervasi.

Un grupo de abuelos en la residencia Sant Gervasi. / ÁLVARO MONGE

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TONI SUST
BARCELONA

La suspensión durante dos meses de la prestación económica vinculada (PEV) que se otorga a dependientes para que accedan a una plaza de geriátrico afectara a no pocas familias, medio millar según el Govern, que ya no estarán en condiciones de llevar a su familiar a un centro sin la ayuda económica adicional. Pero también castiga al sector de la atención a los mayores.

A María Ángeles Solís Mariscal, directora de Sant Gervasi Residencial, se le ha ido complicando la vida laboral poco a poco, y el último recorte del Govern no ayuda. Antes de la crisis, todas las plazas de la residencia que dirige eran privadas. Pero con la recesión varias familias se llevaron a sus ancianos a casa: ya no podían pagar. Entonces, el centro empezó a contar con plazas concertadas: públicas en centros privados. La mitad son ahora de esa naturaleza. Además tiene varias plazas que cuentan con el apoyo de una PEV, la citada prestación.

A Solís Mariscal, que ya se vio obligada a bajar precios (de otro modo cobraría la plaza a unos 2.800 euros, y lo está haciendo a unos 2.300 euros), ahora se le suma el problema de que difícilmente llenará plazas que dependan de la prestación suspendida. Otras residencias lo tienen igual o peor y el sector puso ayer el grito en el cielo por el enésimo recorte, por otra medida de ajuste, y advirtió de que llegará un momento en el que su actividad estará en peligro. ACRA, la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de Salut i Social de Catalunya y UPIMIR suscribieron un comunicado dirigido a laconsellerade Benestar, Neus Munté, en el que alertaron de que la medida anunciada por el Govern dejará a muchos ancianos que tienen problemas para pagar una plaza de residencia sin acceder a ella. También avisaron de que suspender la prestación dos meses podría costar puestos de trabajo. En el comunicado, los representantes del sector piden a Munté que reconsidere la situación, que establezca un calendario de pago de deudas pendientes y que no haya más recortes si no se quiere poner en peligro la continuidad del sector.

TRANSITORIO / Munté aseguró que garantiza que la medida será transitoria, que afectará a unas 500 personas y que en octubre volverá la normalidad. Laconselleraafirmó que «para no crear falsas expectativas» se tomó una decisión forzada por las dificultades económicas. A renglón seguido echó mano del argumento de que el Estado aporta menos de lo que debería. La Generalitat sostiene que el Gobierno central debería pagar un 50% del coste de la aplicación de la ley y que solo aporta un 20%.

El ministerio ha replicado que ha pagado lo que debía a la Generalitat en dependencia. La discrepancia responde a un detalle: en esencia, está previsto que las comunidades autómas aporten tanto como el Estado, y no al revés. Es cierto que la Generalitat paga más para mantener la atención de los dependientes, pero estrictamente no lo es que el Estado deba elevar su parte. Así las cosas, la presidenta de la patronal ACRA, Cinta Pascual, siente «miedo» al futuro.

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AL FINAL DE LA REUNIÓN / Pascual relata cómo se torció el día cuando el pasado jueves 25 de julio Munté citó a los representantes de las entidades de acción social. Era por una buena noticia, la de la fecha del pago del concierto de julio del 2012, pero la consellera dejó la cuestión de las entidades de ancianos para el final. Entonces les comunicó que se tenía que suspender dos meses la prestación por residencia. ACRA y el resto de entidades confían en que en octubre vuelva la normalidad.

Solís considera que la Generalitat tendría que recortar de otra parte. Y subraya que las plazas que cuentan con el apoyo de una PEV cuestan ahora al Govern unos 600 euros al mes mientras el anciano espera encontrar plaza pública o concertada. En cambio, subraya, una plaza concertada (con un coste cifrado en 1.869,41 euros para un gran dependiente) puede costar más de 1.000 euros a la Generalitat en los casos de pensiones muy bajas. Un dependiente no está obligado a pagar más de 1.200 euros de su pensión del coste total de su plaza.