Gobierno y PSOE apuran la negociación sobre los desahucios

El Ejecutivo insistía anoche en que las medidas no tendrán efecto retroactivo

Los socialistas rechazaban un «parche» y pedían modificar la ley hipotecaria

Protesta en Valencia, ayer, ante el congreso de directivos de la APD, al que asistió Rajoy.

Protesta en Valencia, ayer, ante el congreso de directivos de la APD, al que asistió Rajoy. / MIGUEL LORENZO

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EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Gobierno y el PSOE apuraban anoche la compleja negociación destinada a alumbrar in extremis un pacto para frenar el drama de los desahucios. Al cierre de esta edición, y por segundo día consecutivo, los representantes de ambas delegaciones seguían reunidos para intentar desencallar un acuerdo que diera respuesta a la alarma social desatada por los cientos de miles de desalojos que se han llevado a cabo en los últimos años y que en las últimas semanas han dado pie a dos suicidios y un intento fallido.

Antes del encuentro, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que, con o sin acuerdo con los socialistas, el Consejo de Ministros aprobará mañana un decreto ley con las medidas «más perentorias y urgentes» al respecto. Un aviso para navegantes al que la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, replicó advirtiendo de que, pese a la voluntad de acuerdo del PSOE, el principal partido de la oposición no se conformará con un «parche» ni con «cualquier pacto», ya que considera que es imprescindible una reforma de calado de las leyes hipotecarias.

URGENCIA / La vicepresidenta del Gobierno insistió en que la problemática de los desahucios de viviendas por impago de la hipoteca es un tema «urgente» que requiere de una solución «ágil», por lo que emplazó al PSOE a negociar un acuerdo «a todos los niveles» para solucionar este problema. Fuentes socialistas reconocieron que el principal escollo para llegar a un acuerdo es que su partido reclama una serie de cambios en la legislación hipotecaria.

Según estos portavoces, el acuerdo que ha planteado hasta ahora el Ejecutivo se basa en un pacto para frenar los desahucios mediante la ampliación de las medidas del Código de Buenas Prácticas Bancarias, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de marzo. Un compromiso que es de carácter voluntario para los bancos y que establece fuertes limitaciones para conceder la dación en pago o la reestructuración de la deuda hipotecaria.

Los socialistas pretendían, por el contrario, que el Gobierno se comprometiera a realizar cambios profundos en la legislación, con modificaciones de leyes como la de enjuiciamiento civil, la de regulación del mercado hipotecario, la de disciplina e intervención de las entidades de crédito y la de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

En la escalada de advertencias y reproches previos al inicio de la segunda ronda de negociaciones, también terció el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, quien dejó claro que las medidas que se acuerden sobre los desahucios se limitarán a las primeras viviendas y no habrá retroactividad ni afectarán a los alquileres. Jiménez Latorre hizo hincapié en que las mejoras estarán destinadas a un colectivo «muy acotado».

INTERESES DE «USURA» / Los socialistas insistían, sin embargo, en que es necesario reducir los intereses de demora de las hipotecas, que ahora califican de auténtica «usura» al ser del 20 %, por lo que solicitan que se acerquen más a los intereses reales ordinarios. También consideran imprescindible aumentar el porcentaje de deuda por el que un banco se puede adjudicar una vivienda de la que su propietario ha dejado de pagar las cuotas, ya que ahora solo es del 60% de su tasación actual. El PSOE propone que este valor se eleve hasta el

80 % de la deuda y sobre el valor de la tasación que se hizo en el momento de la concesión del préstamo.

Además, los socialistas quieren regular lo que en otros países se llama «la segunda oportunidad», es decir, evitar que se tenga que entregar la vivienda, y que los deudores puedan beneficiarse de fórmulas similares a las que tienen los empresarios para renegociar sus deudas, como el concurso de acreedores.

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La negociación bilateral entre el Gobierno y el PSOE de un acuerdo contra los desahucios ha molestado a la mayoría de partidos de la oposición, que han criticado el hecho de haber sido excluidos de las reuniones. Ayer, el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) recordó las reiteradas propuestas que ha hecho en los últimos meses para detener la sangría y aconsejó al PP y al PSOE que se las estudien. El grupo de Unión Progreso y Democracia (UPyD) registró una proposición no de ley en la que, ente otras medidas, pide que se lleve a cabo un blindaje patrimonial de la vivienda habitual que evite que pueda ser embargada.

Y el diputado del PNV Emilio Olabarria afeó a socialistas y populares que no hayan solucionado el problema de los desahucios a pesar de haber gobernado España en los últimos años. Olabarria afirmó que ambos partidos tienen la «obligación moral» de llegar a un acuerdo.

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