Justicia hará un mapa del creciente escándalo de los bebés robados

El ansia de miles de familias por conocer el paradero de sus hijos, presuntamente fallecidos entre 1940 y 1990, crece cada día. Un año después de que las supuestas tramas de robo de bebés saltaran a la luz, las denuncias, lejos de enfriarse, siguen aumentado. Se han interpuesto unos 2.000 pleitos y la exhumación de varias tumbas vacías demuestra que las sospechas eran ciertas y diversas organizaciones sin escrúpulos se dedicaban al robo de recién nacidos para entregárselos a otras familias a cambio de dinero. Sin embargo, todavía no hay imputados y se cuentan con los dedos de las manos los médicos o monjas llamados a declarar. El nuevo secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, en una entrevista con EL PERIÓDICO -la primera que concede a un medio de comunicación nacional sobre este asunto-, reconoce que el «problema es importante y creciente». Para conocer sus dimensiones, ya ha encargado una relación del número exacto de denuncias.

Román ha mantenido ya el primer encuentro con las asociaciones de afectados y pretende formar un grupo de trabajo en el que participen los damnificados, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria general de Sanidad, aparte de él y su equipo, con el fin de mejorar la respuesta que desde las diferentes administraciones se ha ofrecido a las familias, que denuncian un trato desigual y frustrante tanto en los juzgados como en los archivos.

FISCAL COORDINADOR / Román ha mantenido además un encuentro con el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, quien el viernes anunció que nombrará un fiscal que coordine las causas «para que pueda haber una cabeza visible que dé respuesta», manifestó. Sin embargo, el secretario de Estado de Justicia se muestra muy franco sobre las escasas posibilidades que tiene la vía penal. «Se lo he trasladado ya a las familias porque no vamos a engañar a nadie -explica-. En la vía penal es muy difícil encontrar una respuesta». El portavoz de Justicia argumenta que aplicar al robo de niños el delito de detención ilegal, para evitar que el supuesto haya prescrito, es «forzado». Al mismo tiempo, para que el juez proceda a investigar, es necesario, opina, que los hijos «denuncien» a sus padres adoptivos, lo que provoca un «choque violento con consecuencias penales en el ámbito familiar».

El secretario de Estado ha encargado, no obstante, una relación del número exacto de denuncias, para saber, si es posible, contra qué hospitales, médicos o personal eclesiástico se querellan fundamentalmente, y así tener un mapa con la dimensión del problema, que sirva también a policía y jueces en sus investigaciones. Asimismo ha encargado a la Agencia de Protección de Datos un informe para conocer las limitaciones legales, dado que los documentos que normalmente solicitan los afectados -informes médicos, partidas de nacimiento y defunción- están protegidos. Por último, va a estudiar las posibilidades de incorporar a la base de datos de ADN perfiles procedentes de los damnificados, si bien primero hay que analizar si los laboratorios privados cumplen los mismos estándares de calidad que el Instituto Toxicológico.

PROTEGER DERECHOS / «En lugar de correr, queremos avanzar de forma segura para garantizar los derechos de todos», sostiene. Durante la entrevista, recuerda varias veces que los recursos son limitados. Por eso, en lugar de crear una oficina específica de atención a las víctimas, como piden los damnificados, apuesta por formar convenientemente sobre el caso al personal de las oficinas de atención a las víctimas existentes.

Las intenciones del secretario de Estado no satisfacen completamente a los colectivos de víctimas. Guillermo Peña, abogado de Sos Bebés Robados, reconoce que el actual equipo de Justicia, capitaneado por Alberto Ruiz-Gallardón, demuestra «más interés que su antecesor». «Es loable su interés -sostiene-, pero queremos ver los avances en la práctica y no en la teoría».

Más dura contra Román se muestra la presidenta de la Plataforma de Afectados Clínicas de toda España, Mar Soriano, quien señala con ironía que «con la buena disposición no se arregla nada». Soriano apunta que Román «parece no haber entendido» sus peticiones. «Nosotros no queremos ir de archivo en archivo. Es la Administración la que tiene que investigar dónde están nuestros familiares y cruzar los datos. A ellos no les incumbe la protección de datos. Queremos que las responsabilidades penales y los procedimiento de búsqueda sean gestionados de forma independiente».