Un juez investiga a los Mossos por el desalojo de indignados

El juez de Barcelona Josep Maria Miquel Porres ha abierto una investigación contra el director de los Mossos, Manel Prat, varios mandos de la policía autonómica y la exteniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Assumpta Escarp, por las cargas policiales que se produjeron en la operación de desalojo de la acampada de indignados en la plaza de Catalunya el pasado 27 de mayo.

El juez acuerda admitir a trámite la querella interpuesta por 56 personas que resultaron heridas o afectadas por la operación policial, que se saldó con más de un centenar de heridos, y ha abierto una causa en la que ha acumulado otras 50 denuncias presentadas en los juzgados barceloneses por las cargas.

La investigación se dirige también contra el responsable del dispositivo de orden público en Barcelona de los Mossos, Antoni Antolín, contra un jefe de los antidisturbios, David Bordas, y contra los guardias urbanos y policías autonómicos que puedan resultar responsables, por posibles delitos contra derechos fundamentales, como el de reunión. En la querella se incluye también alconsellerde Interior, Felip Puig, pero el juez sostiene que carece de competencia para investigarlo por tratarse de un aforado, lo que correspondería al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC).

DECLARACIONES Y VÍDEOS / El magistrado ha tomado esta decisión tras la declaración de 48 de los denunciantes y analizar reportajes gráficos aportados en la querella contra la actuación policial. A las seis de la mañana, las fuerzas de seguridad, sin proceder a la notificación previa, inciden los querellantes, intentaron desalojar el lugar ocupado por los indignados para realizar labores de limpieza y retirar objetos. La mayoría de los acampados se quedaron en la plaza «por la actitud intimidatoria de los policías» y para proteger sus objetos, indica la querella. Los agentes cargaron y se produjo una batalla campal que dejó más de 100 heridos.

El juez considera que los hechos relatados en la querella «imponen la investigación procesal dirigida en un primer estadio a la presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión». Las pesquisas se sitúan «básicamente en el ámbito de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales, así como en el ámbito de los ilícitos contra la integridad corporal, el patrimonio y las personas». Los forenses examinarán a los heridos.