Renta mínima: una crisis solo para poner datos al día

Al final ha sido como matar moscas a cañonazos. La supuesta guerra declarada este agosto por la Generalitat contra el fraude que supuestamente estaban cometiendo algunos de los 34.535 perceptores de la renta mínima de inserción (RMI) se ha saldado con 2.639 comunicaciones de cambio de residencia y ha dejado a 6.707 beneficiarios sin poder cobrar la ayuda de este mes, bien porque el cheque nominativo con el importe de la prestación no ha llegado a su domicilio, bien porque eran ellos quienes no estaban en casa por incontables razones. Son prácticamente los únicos números que se ofrecieron en la comparecencia hecha ayer ante la Diputación Permanente del Parlament por losconsellersde Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, y de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena.

Y lo que en principio se había presentado como una medida necesaria para cazar a los defraudadores, en realidad era «una fórmula para regularizar la base de datos de los receptores de la renta mínima», afirmó Mena. La medida, que ha tenido en vilo a miles de personas durante casi todo el mes, fue idea «de dos expertos, a los que la Generalitat pidió que actualizaran y unificaran la información sobre la RMI de que disponían distintas entidades y administraciones», continuó Mena. Al ver, tras varios meses de trabajo, que no conseguían aclarar los datos de todos los usuarios, «propusieron el sistema del cheque nominativo, de forma que los beneficiarios tuvieran que presentarse personalmente para el cobro».

PERLAS DE MENA / Total, que el caos originado por el polémico sistema del pago con cheque bancario no ha servido de gran cosa y finalmente no ha arrojado los frutos esperados. «Entre los 6.700 receptores que no se han presentado a retirar el importe hay, incluso, personas fallecidas. Y son bastantes», aseguró Mena. El resultado definitivo sobre el supuesto fraude -que algunas entidades sociales cifran en poco más del 2%- no se conocerá hasta principios del 2012, según estimaciones de Cleries.

Mena siguió en su línea de tratar a los receptores de la RMI como sospechosos y reveló, como si fuera un delito, que algunos de ellos están abonados a Gol TV y Canal Plus y pagan cuotas a oenegés.

Pocas explicaciones más dieron ayer los dos miembros del Govern, que iniciaron sus intervenciones sin ninguna autocrítica y con artillería contra los exsocios del tripartito, a quienes acusaron de no haber hecho nada cuando estuvo en su mano. «Nosotros actuamos para arreglar la renta mínima, otros prefirieron quedarse mirando», señaló Cleries. Ni él ni Mena respondieron, por ejemplo, a la cuestión de cuántas solicitudes de renta mínima presentadas en los últimos meses están pendientes de aprobación.

Tampoco hablaron de la sospecha de que «el desbarajuste organizado en torno al fraude no es más que una cortina de humo para encubrir un tijeretazo del Govern», como apuntó la diputada socialista Eva Granados. Igualmente quedó sin respuesta la pregunta de Enric Millo, del PP -autor, por cierto, de la mención a las moscas y los cañonazos-, sobre cuántos beneficiarios de la RMI han conseguido reinsertarse hasta ahora.

La clave de todo el embrollo, coincidieron los diputados, es qué hay que hacer con la RMI, cómo se tendría que acometer su reforma. Está claro, como dicen las entidades sociales, que hay que revisar el programa, «desvirtuado» y «pervertido» en los últimos años por la avalancha de parados de larga duración que ha acogido. La revisión, insistió Mena, hay que abordarla con urgencia. «Entre el próximo octubre y marzo del 2012, un 69,8% de las personas que ahora están en paro habrán agotado el subsidio», advirtió elconseller. Muchos de ellos, agregó, «pedirán una RMI, porque es un trámite más rápido que la renta activa de inserción, que gestiona el Gobierno central».

No vale con «perseguir el fraude, aunque sea de forma bienintencionada, sino que hay que pensar en quienes se queden sin recursos», objetó Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, presente como oyente.