EL CASO DEL LAVACOCHES DE MONTGAT

Los juristas exigen mayor rigor en la entrega de detenidos a otros países

Jueces, abogados y catedráticos españoles tildan de "error" la extradición de Óscar Sánchez

Defienden el mecanismo de la euroorden y hacen responsables a la policía y a los jueces italianos

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JESÚS G. ALBALAT / Barcelona

"Error". Es la palabra que losjuristasconsultados por este diario han usado para definir lo que ha pasado conÓscar Sánchez, el vecino deMontgat que fue entregado por la justicia española a la italiana al ser confundido con unnarcotraficante que, según las investigaciones de EL PERIÓDICO, refrendadas por una posterior del Cuerpo Nacional de Policía, habíausurpado su identidad.

Los jueces, abogados y catedráticos entrevistados (José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo; Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal, y los abogados Marc Molins y Carlos Echevarri) exigen que se apliquen "las máximasgarantías" al ejecutar las ordenes europeas dedetención y entrega (un mecanismo judicial deextradiciónentre países de la Unión Europea) para evitar esos fallos, a la vez que defienden este sistema por su eficacia y agilidad. Cuando se trata de señalar un culpable sobre lo sucedido al lavacoches, las miradas se dirigen a lasautoridadesjudiciales y policiales italianas. "Deberían haber facilitado más datos y fueron ellos quienes le condenaron y, por lo que parece, es inocente", explican.

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Óscar Sánchez fue entregado por España a la justicia italiana, que después le condenó a 15 años de prisión, a través de una orden de detención y entrega (euroorden), un mecanismo impulsado por el Gobierno español en marzo del 2003. Este sistema aplicable en los países de la Unión Europea es diferente al proceso de extradición tradicional, que se tramita entre gobiernos. Una euroorden es estrictamente judicial. Un juez la solicita y otro la acepta. En el caso del lavacoches, un magistrado italiano la pidió y laAudiencia Nacional, en España, la ejecutó. Este sistema agiliza los trámites. Es una forma de «entender las relaciones entre los sistemas jurídicos de los Estados basada en la confianza», detalla la ley que desarrolla el sistema.

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