05 abr 2020

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Las opiniones

Hay que abrir las listas

Joan Botella

Nuestros partidos políticos son organizaciones débiles (pocos afiliados, poca presencia social, ninguna prensa) pero internamente muy jerarquizadas. Y uno de los elementos que contribuye más a la consagración del poder de las cúpulas políticas es la forma que tienen las candidaturas electorales: las famosas listas cerradas y bloqueadas: el elector no puede ni dividir su voto entre distintos partidos, ni reordenar la lista que se le propone. Es muy simple: lo toma o lo deja.

Ello tiene una seria consecuencia: el diputado no lo es por su entrega, su popularidad o el apoyo de un grupo u otro de ciudadanos, sino solamente por el hecho de que quienes confeccionaron la candidatura le pusieron en un buen lugar en la lista. De ahí se derivarían el desconocimiento social de nuestros representantes, su sumisión a las decisiones de la cúpula, su alejamiento de las bases sociales a las que representan.

Como siempre que se atribuyen muchas consecuencias a un solo factor, probablemente se culpabiliza excesivamente a nuestras listas, imputándoles defectos que tienen otras muchas causas. Pero hay consenso entre los estudiosos en este punto: la excesiva distancia entre representantes y representados, la escasa autonomía de los diputados respecto de sus grupos políticos, anquilosan nuestra vida parlamentaria, y contribuyen a visualizar a nuestros diputados como asistentes pasivos a los plenos, que se limitan a votar siguiendo las instrucciones que les da su coordinador de grupo.

Con un esquema de listas abiertas, el elector tendría la posibilidad (no la obligación) de indicar qué miembros de la candidatura son sus preferidos, marcando sus nombres con una cruz: voto de preferencia. Al realizarse el escrutinio, los escaños correspondientes al partido X no se atribuirían a los candidatos en el orden presentado por el partido, sino en el orden fijado por las preferencias de los electores. Si alguien es más conocido, o más apreciado, o se ha trabajado más activamente a sus electores, pasará por delante de candidatos más pasivos, más burocráticos.

¿Consecuencias? Se generarían incentivos positivos para los representantes: trabajar más, darse a conocer, estar atentos a peticiones y propuestas de los electores; pero también para los electores: informarse mejor, hacer llegar ideas o quejas a sus representantes, actuar organizadamente sin esperar a que el partido genere convocatorias…

Obviamente, esos incentivos también suponen riesgos: candidatos más ricos o más glamurosos tendrían más medios de campaña y podrían quedar por delante de otros más serios o dedicados; podrían aparecer divisiones internas en el seno de los partidos; grupos de interés situados fuera de los partidos podrían ejercer presión a favor o en contra de algún candidato. Riesgos innegables, que se conocieron en la España de los 30 o en la Italia de la primera República.

Pero riesgos menores y que deben asumirse, frente a la monumental impopularidad que hoy padece (con justicia o no) nuestra clase política: es insostenible no hacer cambios tan solicitados como este, cuando las encuestas muestran que para los españoles los políticos son el tercer problema más grave del país.