BIENESTAR SOCIAL
Las oenegés ven injusto el recorte de la renta mínima de inserción
FIDEL MASREAL / JORDI NIERGA
BARCELONA
Las entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión social lamentaron ayer que el Govern haya decidido, sin apenas publicidad, dar también un tijeretazo a la renta mínima de inserción, conocida comopirmi. Una ayuda de entre 414 y 550 euros vigente desde 1997 y que, debido a la crisis, perciben un número creciente de familias, que hoy superan las 27.000. El Govern ha argumentado que la ayuda debe «ajustarse» -es decir, limitarse- para incentivar a los beneficiarios a buscar trabajo. Las oenegés afirman que hasta ahora solo conocen los planes de recorte, ya que el Govern no ha aportado ningún plan de fomento de los itinerarios de formación e inserción laboral.
Xavier Orteu, miembro de la dirección de las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), dijo ayer que si bien se debe evitar el fraude en la prestación de esta ayuda y la pasividad por parte de los receptores, «restringir su acceso sin que se prevea un proceso
de inclusión social es negativo».
Para la responsable del área social de Cáritas en Barcelona, Mercè Darnell, el recorte de lapirmi obedece a «un criterio restrictivo que obligará a las entidades a asumir el déficit de la sociedad del bienestar, un rol que tampoco les corresponde». «Esa modificación es un paso atrás en las mejoras que se han ido consiguiendo durante los años», añadió Darnell.
Ramón Noró, de la Fundació Arrels, opinó que en lugar de recortarse, la prestación debería ampliarse debido a la situación de crisis. A su juicio, los ajustes tendrán «una incidencia muy pequeña
en la reducción del déficit».
CASOS «CRÓNICOS» / El responsable de economía social y cooperativa de la Conselleria d'Empresa i Ocupació, Xavier López, justificó la medida en que la ley «no incentiva a los beneficiarios a buscar trabajo» por su carácter indefinido. Incluso podía llegar a ser de cuantía superior al salario mínimo, lo que podía crear casos «crónicos».
Según el director general, pese a que la ley vincula la ayuda al seguimiento de un programa de inserción laboral, este factor no se ha tenido en cuenta hasta ahora. «Queremos que una parte de los planes de inserción se destinen a quien cobra la pirmi», añadió. Sobre la falta de transparencia de la medida, López respondió: «No es así, la prueba es que estamos hablando de ello con usted».
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