La fiscalía catalana endurece la persecución del robo de cobre

La fiscalía catalana ha tomado medidas para endurecer la represión del robo de cobre, sobre todo el que afecta a los servicios públicos como la electricidad y el teléfono. La fiscala superior de Catalunya, Teresa Compte, ha dado instrucciones para que se persiga con contundencia esta actividad delictiva y se apliquen todas las posibilidades que permite la ley, como la agravante de hurto relacionada con el quebranto de un servicio público, y estudia incluso solicitar la calificación jurídica de estos hechos como delito de estragos para elevar la pena hasta los cinco años de prisión. También se evaluará en cada caso la posibilidad de decomisar el vehículo que utilizan los ladrones para perpetrar las sustracciones. Catalunya sufrió en agosto una oleada de robos de cable telefónico que dejó incomunicados a decenas de pueblos

Compte ha instado a los fiscales jefes de las provincias catalanas a que se hagan cargo directamente de coordinar la lucha contra el robo de cobre de líneas de servicios públicos y soliciten, siempre que sea posible, las medidas más duras contra los autores de este delito. Incluso, si se pudiera, la prisión provisional y el decomiso de la furgoneta empleada para el trasporte del material sustraído, lo que dificultaría que los ladrones continuaran cometiendo hurtos del tendido eléctrico o telefónico. «Si no pueden transportar el cobre, no lo podrán llevar al comprador», explican fuentes conocedoras de esta actividad delictiva.

LA SENTENCIA / Un punto de inflexión en la lucha contra el robo de cobre, según fuentes jurídicas, fue la sentencia dictada por un juzgado de Manresa el pasado mes de agosto y en la que se aplicó a los condenados el artículo 235.2 del Código Penal, que permite elevar la pena de hurto de uno a tres años de prisión «cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionara un grave quebranto a este, o una situación de desabastecimiento». Esta resolución impuso, por primera vez, penas de prisión a cuatro ladrones. Fuentes de la fiscalía catalana aseguraron que se extremará la aplicación de este precepto penal.

Otra posibilidad, según la fiscalía, es recurrir al artículo 560 del Código Penal, que castiga con pena de uno a cinco años de prisión a los «que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan línea o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal». Es el caso del robo de tendido telefónico. Y el punto tercero de este artículo señala que se impondrá la misma pena «a los que dañen las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio». Sería el caso, por ejemplo, de la sustracción de cable de líneas eléctricas.

Fuentes judiciales apuntaron, sin embargo, que uno de los principales objetivos en la lucha contra el robo de cobro es perseguir a los intermediarios que compran el material. Pero es difícil romper la cadena. Quien se apodera de cable lo hace por encargo o porque tiene un mercado para venderlo. Esto supone que quien recibe el material robado también comete un delito si conoce su procedencia. Será un receptador. La pena es menor, pero el principal problema de este delito es que es complicado probarlo y más cuando el traficante es el que planea la sustracción del cobre.

MAYOR VIGILANCIA / En ámbitos judiciales y policiales se está estudiando el impulso de una reforma legislativa que permitiría un mayor control de los comerciantes de cobre robado. Esta modificación va encaminada a equiparar el cobre con el oro y la plata a nivel normativo. Los establecimientos que se dedican a la compraventa de oro deben cumplir unos requisitos legales que les exigen, además de medidas de seguridad, mantener informado al Cuerpo Nacional de Policía de los objetos adquiridos. Una vez comprada la pieza, la norma obliga a guardar 15 días en depósito el oro y enviar a la policía una fotocopia del DNI del vendedor y el detalle de la joya para certificar que no es robada.