Acusan al Colegio de Abogados de Sabadell de facturación irregular y la entidad lo niega

El Colegio de Abogados de Sabadell (Vallès Occidental) se defiende de las acusaciones de dos abogados que "a título individual" han denunciado a la cúpula del ente por presuntas facturaciones irregulares de un grupo de abogados del turno de oficio, a los que se les habría asignado más guardias de las habituales, según los denunciantes.

Ahora un juzgado de la ciudad investiga los hechos, pero desde el Colegio les niegan "rotundamente" y defienden la gestión de las designaciones del turno de oficio y de las guardias. En este sentido, el Colegio detalla que el proceso está "totalmente automatizadas" a través de una intranet para "favorecer la transparencia", garantizar la "igualdad" entre los distintos colegiados y evitar "que se pueda transgredir la normativa".

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Con todo, el Colegio asegura que las denuncias son solo un "intento de desprestigiar la imagen y la honorabilidad" de la institución y recuerda que la institución se somete anualmente a auditorías para evaluar la gestión del turno de oficio para determinar el nivel de implantación y cumplimiento de los requisitos de las normas y reglamentos de referencia "sin que se haya detectado nunca disfunción ni anomalía alguna".

Por su parte, el Tribunal Superior de Justícia Catalana (TSJC) desde el pasado mes de marzo, tiene abiertas unas diligencias, a raíz de una denuncia interpuesta por la fiscalía, por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción entre particulares.

"En el procedimiento constan, en este momento, tres personas en calidad de investigadas, entre ellas la decana del colegio de abogados de Sabadell. Todos los investigados han declarado ya ante el magistrado", manifiesta el TSJC.

Tres abogados por encima de la media

Sin embargo, el Colegio no esconde que ya el año pasado se recogieron indicios de que tres abogados habían superado la media de facturación del turno de oficio. Ante esta situación, el propio Colegio explica que se pusieron los hechos en conocimiento del Departamento de Justicia y del Consejo de la Abogacía Catalana y se abrieron diligencias informativas para que los afectados justificaran sus asignaciones económicas. Sin embargo, este procedimiento no se ha cerrado y se encuentra actualmente en fase de trámite y pendiente de resolución.

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