El Govern amnistiará a los sancionados por la ley mordaza en protestas del 'procés' y devolverá las multas

La ley de amnistía no solo obligará a los jueces a mover ficha, sino que también obligará a hacerlo a la propia Generalitat. El Govern ha comunicado este martes que una de las consecuencias de la entrada en vigor de la norma será que tendrá que retirar las sanciones que en su día impuso la Conselleria de Interior en protestas ciudadanas vinculadas al 'procés'. Sanciones que tramitó en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza.

Así, la Generalitat se moverá en dos direcciones. En primer lugar, publicará una resolución "amnistiando" los hechos sancionados. Según la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, lo hará en las "próximas horas". En segundo lugar, a partir del jueves pondrá en marcha un formulario a través de la web de Interior en la que todos los multados podrán solicitar "una resolución individualizada de amnistía" y la devolución económica de las multas. A partir de entonces, revisará caso por caso si las peticiones están justificadas.

Las sanciones que se retirarán corresponden a sanciones por desobediencia, faltas a la autoridad, manifestaciones no comunicadas o resistencia a la autoridad. Plaja no ha querido dar cifras ni de los afectados ni de las cuantías a devolver a las que podría enfrentarse la administración catalana. La Generalitat debe actuar así en aplicación del artículo 7 de la ley de amnistía, que contempla la restitución de las multas que se hayan puesto en aplicación de la ley mordaza que sean leves o graves. Excluye las que sean muy graves. Las infracciones leves se multan entre 100 y 600 euros y las graves entre 601 y 30.000 euros.

La ley de amnistía entra en vigor tras su publicación en el BOE: los jueces tienen dos meses para aplicarla

Si la Generalitat procede así es porque quiere predicar con el ejemplo. Es decir, se moviliza para aplicar la ley de amnistía para poder pedir que el resto de administraciones y tribunales que estén afectados por la ley haga lo mismo. En su tradicional comparecencia de los martes ante los medios de comunicación, Plaja ha dicho que "la ley de amnistía no es interpretable" y que los jueces deben aplicarla. "Hay quien hace las leyes y hay quien las tiene que aplicar. La ley es de obligado cumplimiento. Las leyes vigentes se aplican", ha concluido.

Pese a este aviso al poder judicial, el Govern sabe que tendrá que luchar caso a caso para que la norma se aplique. Es por esto que ya ha activado a sus servicios jurídicos para que den asistencia a todos sus empleados públicos, cargos y exaltos cargos de la Generalitat que estén condenados o procesados en causas del 'procés' para que se adhieran a la ley.

El regreso de Puigdemont

Plaja no ha querido especular si la entrada en vigor de la ley supondrá el regreso inminente del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica. Todo lo que tenga que ver con la figura más relevante de Junts es material sensible para el Govern de ERC. Sin embargo, Plaja sí que ha asegurado que "el día que Puigdemont decida volver a Catalunya estará todo a punto para su llegada".

El Govern mira de reojo lo que está sucediendo en el Parlament, que es donde se decidirá si se inviste a un nuevo presidente o si hay repetición electoral y se prolonga la presidencia en funciones de Pere Aragonès. En este contexto, el ejecutivo vive en una cierta contradicción. Mientras ERC asegura que no tiene "miedo" de volver a las urnas, el Govern -de ERC- ha vuelto a asegurar este martes que la repetición "no es deseable".