El presidente del CGPJ intenta otra vez forzar la renovación al enviar a las Cortes su propuesta para el órgano

El presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, no quiere seguir dejando pasar los días sin esperanza alguna en que el órgano de gobierno de los jueces se renueve. Hace unos días anunció a sus compañeros de la Comisión Permanente que no contaba con seguir en el cargo en agosto y este martes ha remitido a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos del poder judicial y de magistrados del Tribunal Supremo.

La iniciativa ha sido bien acogida por el Gobierno, pese a que no ha estudiado aún su contenido. Pero en la Moncloa siguen poniendo el acento en que la responsabilidad de la falta de renovación del organismo, de actual mayoría conservadora y cuyos miembros llevan más de cinco años con el mandato caducado, es solo del PP, que hasta ahora se ha resistido a llegar a un acuerdo incluso con la mediación de la Comisión Europea que Alberto Núñez Feijóo propuso a Pedro Sánchez y el jefe del Ejecutivo aceptó. 

El presidente del Poder Judicial advierte de que con la polarización actual los futuros vocales serán "activistas"

La propuesta, enviada a título personal y que no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces, tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación del CGPJ ofreciendo una “fórmula intermedia” que, por un lado, permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución y, por el otro, “diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente". Defiende que los principales nombramientos que recaen en el Consejo los pasen a hacer los jueces de ese mismo destino.

Tras insistir en que "no basta con renovar de cualquier manera el CGPJ, sino que debe propiciarse a la vez el mayor grado de independencia" de los vocales "posible para evitar que se irradie sobre el propio Consejo, y arrastradamente sobre los cargos que en su momento se elijan". Actualmente hay 122 pendientes. Guilarte considera que la única fórmula para que tanto el PP como el PSOE logren el acuerdo necesario para reelegir a los 12 vocales de extracción judicial pasa por un sistema que rompa las posiciones irreconciliables de ambos.

Los del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo exigen un cambio legislativo para que los jueces elijan a estos miembros del poder judicial, mientras que los de Pedro Sánchez sostienen que la renovación debe hacerse con la ley actual y de forma inmediata porque lleva un retraso que ya supera los cinco años, justo como el mandato previsto. Esa posición, hace ver Guilarte, se ha trasladado a las asociaciones con más representación en el órgano: la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces y Juezas para la Democracia.

Tras el Consejo de Ministros de este martes, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha tenido buenas palabras para la iniciativa de Guilarte, pero ha evitado valorar su propuesta en profundidad, porque el presidente del CGPJ se la ha hecho llegar justo cuando se celebraba la reunión del Ejecutivo en la Moncloa. En todo caso, la posición del Gobierno sigue siendo la misma. Primero renovar con la fórmula actual y después explorar posibles alternativas para el futuro. 

“Le agradezco su compromiso con la renovación del Consejo, por recuperar la normalidad y por su aportación positiva al debate. Pero lo fundamental es el clamor en el mundo de la justicia para que se renueve el Consejo. La asociación de sensibilidad conservadora, la progresista, el propio presidente y toda la carrera judicial están pidiendo al PP que renueve. Y también hay clamor internacional, del que participa la Comisión Europea, que ahora sabe cuál es el problema y la descomposición del poder judicial”, ha señalado Bolaños. “El dilema del PP es si decide que quiere la renovación y cumplir con la Constitución o está por la descomposición”, ha concluido.  

Guilarte, que sustituyó a Rafael Mozo, que sustituyó a quien había sido elegido para presidir el órgano, Carlos Lesmes, tras su inútil dimisión para tratar de forzar la renovación, sostiene que sea cual sea la fórmula que se elija para la renovación "debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar".

Limitar la discrecionalidad

Su propuesta básicamente pasa por limitar los nombramientos del Consejo para hacer menos atractivo a los partidos su control a través de los miembros designados, de tal forma que sean los jueces quienes directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elijan a sus presidentes en la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y sus Salas y las del Tribunal Supremo. Esos nombramientos "que quedarían sustraídos a la aleatoriedad de su designación por el CGPJ" y se realizaría como se hace la de los jueces decanos, elegidos por su pares.

Todo ello, porque a su juicio, "lo que mueve a los grandes partidos para persistir de manera inamovible en sus respectivas fórmulas es la disimulada pretensión, proscrita en su expresión, de captación de los vocales de cara a poder influir, piensan equivocadamente, en futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política".

El texto del presidente del Consejo, de 17 páginas, justifica su vía para desencallar en el "lamentable pero universal desencuentro entre las dos grandes formaciones políticas, en cierta medida derivado de los efectos de una compleja aritmética parlamentaria que ha propiciado pactos difícilmente asumibles desde la óptica política contraria".

El documento también se muestra crítico con el propio Consejo, que "ha ido degradando su perenne actuar" y sigue "actuando internamente con una subliminal tendencia a la continuidad, desprovista frecuentemente de toda legitimación". "Muy recientemente se ha manifestado tal realidad, en términos a mi juicio irresponsables, con la renovación de la cúpula de la Escuela Judicial cuando entiendo que debiera haberse acometido este cambio, en su caso, por el nuevo CGPJ", lamenta.

Activistas

En su documento, Guilarte también se muestra partidario de una modificación "de manera urgente" de la ley orgánica del poder judicial, para que "una vez renovado el CGPJ se pudiera proceder bajo los nuevos parámetros de objetividad al nombramiento de todas las plazas discrecionales vacantes. El compromiso político, en el momento de la renovación, debiera ser que no se sacaran las plazas vacantes a concurso en tanto no se arbitraran las formas de objetivar los nombramientos discrecionales".

Su temor es que con la polaridad existente más que militantes se termine nombrando a activistas y que eso se traslade a los 122 cargos que deben ser cubiertos cuando se realice la renovación del CGPJ. Solo en el Supremo hay 22 vacantes por cubrir por jubilaciones o fallecimientos por la ley del Gobierno que trató de forzar al PP a sentarse a negociar vetando al Consejo hacer nombramientos con el mandato caducado.