El Gobierno pone en marcha tres comisiones de trabajo sobre memoria democrática

El Consejo de Ministros aprueba este martes la creación de tres comisiones de trabajo previstas en la Ley de Memoria Democrática, entre ellas una para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, coincidiendo con el inicio del gobierno de Felipe González. Las otras dos son una comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano de España y otra para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que han sido reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica.

La comisión sobre la posible vulneración de derechos humanos estará compuesta por expertos en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea.

Esta comisión es uno de los aspectos de la Ley de Memoria Democrática que generó más polémica, ya que en un inicio el PSOE y Unidas Podemos habían acordado designar este órgano pero con un ámbito temporal más acotado, desde 1978 hasta finales de 1982. Sin embargo, tras una enmienda pactada con EH Bildu y Más País, el margen de trabajo de la comisión se extendió hasta finales de 1983, incluyendo así el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.

No obstante, será la propia comisión la que determine los casos concretos a analizar de posibles vulneraciones de derechos humanos a aquellas personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia", además de señalar "posibles vías de reconocimiento y reparación", como recoge la propia Ley de Memoria Democrática.

Las tres comisiones que aprueba este martes el Consejo de Ministros son algunos puntos de la norma que seguían pendientes desde su entrada en vigor, en octubre de 2022. Otras medidas de la ley que el Gobierno prevé aprobar próximamente son un Real Decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) con la intención de convertirlo en un centro de interpretación, así como otro Real Decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la guerra civil y la dictadura.

El Gobierno también tiene prevista la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de la que depende este recinto, integrada por monjes benedictinos, y la extinción de la Fundación Francisco Franco, al considerar que hace apología del franquismo.