En la comisión del Congreso

Illa admite que vio una vez a Koldo y niega que su ministerio comprara algo a la trama

El exministro defiende la adjudicación de 28 contratos por 750 millones de euros en 20 días para luchar contra la pandemia

Su exjefe de Gabinete reconoce que se encontró con García Izaguirre en tres ocasiones

El PSOE pacta con sus socios citar a Ábalos en la comisión de las mascarillas y excluye a Feijóo

El PP se choca contra el silencio de Koldo y avisa de que lo volverá a citar en el Senado

Salvador Illa declara en la comisión de investigación del  Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia del Covid-19.

Salvador Illa declara en la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia del Covid-19. / David Castro

Ángeles Vázquez
Miguel Ángel Rodríguez
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El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, ha defendido este lunes en la comisión de investigación abierta en el Congreso su gestión al frente de la pandemia de covid, así como de la de mayoría de los empleados públicos con los que trabajó, aunque admitió que "unos pocos se aprovecharon". El líder de los socialistas catalanes negó haber tenido cualquier "relación con las empresas" investigadas en la Audiencia Nacional en el caso Koldo. "Solo vi en una ocasión en el ministerio al señor García [Koldo García Izaguirre], le dije cuál era el procedimiento, le remití a los técnicos y el resultado fue que no se compró nada", aseguró.

Sus palabras ante la comisión que investiga los contratos firmados en la pandemia fueron acompañados de un documento en el que aseguraba que "el Ministerio de Sanidad adjudicó entre el 20 de marzo y el 10 de abril de 2020, 28 contratos de suministro de mascarillas y otro material de protección por un importe acumulado de más de 750 millones de euros". "Y todos ellos a precios muy competitivos en los mercados", agregó.

El líder de los socialistas catalanes enmarcó la adquisión en la necesidad de adquirir material de protección. "El mercado estaba roto e hicimos lo mejor que pudimos", aseveró para responder a la portavoz de Sumar, Aina Vidal, que antecedió a Gabriel Rufián, de ERC, que se centró en cómo se pudo contratar con el "chófer" del exministro José Luis Ábalos, en referencia a Koldo García Izaguirre. Illa se zafó negando haber realizado contratos desde su departamento y remitiendo la pregunta "a quien le contrató".

Su jefe de Gabinete

A la par, en la comisión de investigación del Senado, el que fuera jefe de Gabinete de Illa entre el 1 de septiembre de 2020 y el 26 de enero de 2021, Victor Francos, reconoció tres encuentros con García. En concreto, explicó que el ministro de Sanidad le avisó de que Koldo le iba a llamar. Tras esa conversación telefónica, Francos dijo que se produjo una reunión en su despacho con García: "Lo recibí y tal como lo recibí le dije lo que le decíamos a todo el mundo, que todo se centralizaba en la central de compras, que era donde se podía evaluar los precios, las calidades, y que se cumpliesen todos los requisitos".

El exasesor de Ábalos volvió a insistir tiempo después y Francos se reunió con él un sábado en una cafetería. "Me volvió a decir que tenía material y se le dijo lo mismo y hasta ahí", aseguró. Además, explicó que García intentó darle documentación en ambas ocasiones, pero que no la cogió. Ante las preguntas de los senadores sobre si no le sorprendió la actitud de García, Francos apuntó que en esas semanas hubo mucha gente que se puso en contacto con el ministerio para ofrecer material sanitario.

La tercera ocasión en la que se vieron fue durante una comida con dos jóvenes de una empresa, la cual no recuerda Francos, que ofrecían un software para evitar la ruptura de stock farmacéutico. "No tuvo nada que ver con mascarillas ni nada parecido con eso", sentenció. En todo momento, Francos dijo que no tenía nada que ver con las contrataciones que realizaba el ministerio y que no estaba al tanto de ellas.

Los contratos de la pandemia

Sobre los contratos realizados durante la pandemia, el exministro explicó que "la mayor parte de estas adquisiciones fueron financiadas por un Fondo Especial dotado inicialmente de 1.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, que fue ampliándose posteriormente a la vista de las necesidades que fueron apareciendo. De estos 1.000 millones iniciales, 300 se transfirieron directamente a las CCAA, mientras que el resto se dedicó a financiar las compras de material realizadas por el ministerio para su reparto al conjunto de las comunidades" autónomas.

"Estas compras permitieron asegurar que nuestro país contara con suministros suficientes y estables para responder a las necesidades de corto y medio plazo, y atender también a futuras incidencias que pudieran producirse por un agravamiento de la pandemia, como fue el caso, o por posibles rupturas de las cadenas de suministro en los meses siguientes. También posibilitaron la conformación de reservas estratégicas", señala el documento, cuya conclusión, a pocos días de que comience la campaña catalana para las elecciones del 12 de mayo, es que "todos los materiales de protección se adquirieron a precios muy competitivos en los mercados, sensiblemente inferiores a los que otras administraciones y entidades españolas estaban comprando en aquellas fechas".

El exministro se mostró tajante al defender "los procesos administrativos y presupuestarios" realizados y aseveró que "todos los expedientes cumplieron rigurosamente la normativa aplicable", a la vez que recordó que los expedientes de emergencia del Ministerio de Sanidad "contaron con doble fiscalización favorable por parte de la Intervención General de Administración del Estado, antes del pago y una vez rendidas las cuentas justificativas".

Esa actividad, tanto de Sanidad como de Ingesa, también fue "fiscalizada exhaustivamente por el Tribunal de Cuentas, que ha constatado el cumplimiento de la legalidad económico-presupuestaria de todas las actuaciones y, a pesar de las lógicas e inevitables incidencias puntuales, la corrección jurídica y administrativa de la contratación de emergencia llevada a cabo en el año 2020".

Ni siquiera en los 12 procedimientos judiciales que dijo se habían abierto en estos cuatro años ha aparecido indicio de responsabilidad penal, contable, patrimonial o administrativa de ninguna persona relacionada con el Ministerio de Sanidad, señaló. "En el ámbito judicial, y después de tres años de investigación", el ministro destacó el archivo de la querella presentada por Vox, partido a cuyo portavoz reprochó con ironía que "siempre colaboraba". En el auto que zanjó el procedimiento judicial se declaraba que “la actuación de los investigados fue ajustada a Derecho y acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial que se vivía en ese momento”.