Madrid
Leguina lleva a los tribunales al PSOE y pide una indemnización por su expulsión
Reclama 10.000 euros a los socialistas
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Leguina lleva a los tribunales al PSOE y pide una indemnización por su expulsión
El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha demandado al PSOE ante los tribunales y ha pedido una indemnización por su expulsión del partido en 2022, que Ferraz justificó entonces en su apoyo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.
Según ha adelantado 20minutos, y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, Leguina ha denunciado al PSOE, al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y la dirigente socialista Marta López Expósito por vulnerar el derecho fundamental a la militancia.
De acuerdo a esta publicación, el expresidente madrileño reclama 10.000 euros de indemnización por su expulsión en diciembre de 2022.
El próximo día 25 de abril se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia 68 de Madrid una vista para debatir sobre las medidas cautelares reclamadas en este proceso, según indican a EFE fuentes jurídicas.
Esta demanda llega después de que Leguina recurriese su expulsión ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, con el argumento de que se había vulnerado su libertad de expresión y de que esta decisión había sido consecuencia, entre otros motivos, de sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Precisamente este jueves Leguina ha tomado posesión como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, un puesto que ocupa a propuesta del PP. Al acto, en la sala institucional de la Asamblea de Madrid, ha asistido la presidenta madrileña.
Leguina presidió la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, siendo el dirigente que más tiempo ha estado al frente del Gobierno regional, y fue expulsado como militante del PSOE en 2022 por expresar su apoyo a Díaz Ayuso, al finalizar un expediente que la formación le había abierto en 2021.
En el acto de este jueves Leguina ha señalado que la Cámara de Cuentas es "un instrumento al servicio de los madrileños", que también tiene que ser "útil" al Gobierno de la Comunidad de Madrid y dar "seguridad a los que tienen la obligación y el deber de gobernar".
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