Análisis

García-Castellón y Gadea dejarán sus plazas en la Audiencia Nacional y Pedraz sopesa hacerse con el juzgado del Tsunami, por Ernesto Ekaizer

El magistrado García-Castellón se jubila el 16 de octubre de 2024 pero coge permisos y vacaciones pendientes para marcharse el 31 de julio y ya no regresar. Su juez de apoyo será juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Noticias sobre el caso Tsunami Democràtic

Santiago Pedraz.

Santiago Pedraz. / LUCA PERGIOVANNI / EFE

Ernesto Ekaizer

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Se mueve el banquillo en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuya jubilación está prevista para el 16 de octubre, cuando cumple 72 años, prepara su salida a final de julio próximo, con la utilización de permisos y vacaciones pendientes, un mes después del vencimiento de la comisión de servicios del juez de apoyo del mismo juzgado, Joaquín Gadea, que vencerá el 30 de junio, tras lo cual abandonará la Audiencia para ejercer su puesto en la plaza de su propiedad de juez de Adscripción Territorial (JAT) en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Durante los últimos meses, según ha sabido este periódico, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se ha planteado acudir al concurso para adjudicar la plaza de García-Castellón.

Pedraz ya saltó de su juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional al número 5, tras ocupar interinamente este último a raíz del nombramiento del juez José de la Mata como miembro de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial (Eurojust). Pedraz concursó con la magistrada Mercedes Alaya, quien, como titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, investigó casos como el de los ERE de Andalucía. Con 36 años y 8 meses de antigüedad, Pedraz impidió el desembarco de la magistrada en el juzgado 5, mientras que el juez Francisco de Torre ganó, a su vez, la plaza del 1 que dejaba Pedraz y que intentó Alaya­.

La salida de García-Castellón y el vencimiento de la comisión de servicios de Gadea, dejarán completamente libre el juzgado central de instrucción donde se concentran 47 piezas del 'caso Tándem-Villarejo' y están pendientes muchos casos de corrupción que afectan al Partido Popular ('casos Lezo y Púnica', entre ellos. Pero, en todo caso, tanto García-Castellón como Gadea, que trabajan codo y elaboran conjuntamente muchas resoluciones, dejarán la Audiencia Nacional después de publicarse la ley de amnistía en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) a primeros de junio. Por tanto, les tocará pronunciarse sobre su aplicación a los imputados en el caso de Tsunami Democràtic. 

Cuestión prejudicial

Fuentes judiciales estiman que, habida cuenta del activismo que han exhibido contra la amnistía, muy probablemente elevarán una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una diligencia que, afirman las fuentes, iría en paralelo a la que también podría presentar la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Susana Polo, que ha citado a declarar a Carles Puigdemont y a Ruben Wagensberg el 17 y 21 de junio, respectivamente, como imputados en el 'caso Tsunami Democràtic'.

Más difícil de entender es el deseo del juez Pedraz de cambiar nuevamente de juzgado y pasar al 6 tres años después de haberse hecho cargo del número 5. "La carga de trabajo del juzgado que deja García-Castellón es impresionante. Hay causas que llevan largos años instruyéndose sin que se advierta todavía la luz al final del túnel, para no hablar de las 47 piezas separadas del caso Tándem-Villarejo", señala una fuente judicial. 

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