TRIBUNALES

Los tres empresarios que cita el PP en la comisión de investigación del Senado para cercar a la mujer de Sánchez

El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado que comparezcan en la Cámara Alta Javier Hidalgo (ex consejero delegado de Globalia); el comisionista Víctor de Aldama; y el empresario Carlos Barrabés

Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Carlos Barrabés.

Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Carlos Barrabés. / NACHO GARCÍA

Tono Calleja Flórez / Paloma Esteban

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El Partido Popular ha pedido que comparezcan en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo los empresarios Javier Hidalgo (ex consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa); el comisionista Víctor de Aldama; y el empresario aragonés Carlos Barrabés Cónsul en un intento de cercar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También solicitan que preste testimonio un "representante del Instituto de Empresa", en el que trabaja la pareja del líder socialista.

En concreto, la citación de Hidalgo se produce días después de que la Oficina de Conflictos de Intereses archivara la denuncia presentada por el PP contra Pedro Sánchez por la relación de su mujer con Air Europa. La misma se basó en una información publicada por 'El Confidencial' que sostiene que Gómez visitó dos veces en secreto las oficinas de la compañía dirigida por Hidalgo en plena negociación del rescate de la empresa, que se elevó a 615 millones de euros. También que esta aerolínea habría financiado la cátedra universitaria en la que ella trabaja.

Sin embargo, el Instituto de Empresa, la universidad privada a la que pertenece el Instituto de Empresa África Center —que dirigió Begoña Gómez— negó que este centro, ni el Instituto de Empresa ni si fundación llegaran a recibir dinero de Globalia —la matriz de Air Europa— ni de su filial Wakalua, un hub global de innovación en turismo, según la información publicada por el diario El País.

Escrito de 40 páginas

Pero para apuntar sus sospechas el PP ha reclamado a la firma de Hidalgo "los expedientes completos de la concesión de todas las ayudas, créditos y avales públicos concedidos a Globalia, Air Europa y Avoris durante los años 2020 y 2021, y en especial aquellos que fueron parte del rescate de la compañía", según especifica el Grupo Parlamentario Popular en el Senado en su escrito de 40 páginas, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

También pide el PP al Ministerio de Hacienda una copia del informe que elaboró la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), cuyo contenido fue adelantado por esta redacción, "en el que según se ha publicado, la operación de las mascarillas organizada en torno a la empresa Soluciones de Gestión SL, se fraguó durante las negociaciones llevadas a cabo en 2020 en el Ministerio de Transportes para rescatar la aerolínea Air Europa", dice el escrito de la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo, que pide a la compañía que aporte información de "los billetes de avión abonados por Air Europa a Begoña Gómez".

En los informes que tiene sobre la mesa el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, se apunta que Air Europa también contrató a Víctor de Aldama en 2019 como mediador con las autoridades de Venezuela. El propósito era intentar cobrar una deuda de alrededor de 180 millones de euros procedentes de ventas de billetes en el país sudamericano y que la aerolínea española no puede repatriar por las restricciones impuestas a las autoridades locales. De Aldama usó la empresa MTM 180 para facturar los servicios de asesoría Globalia (Air Europa), que eran de 10.000 euros al mes.

Contrato con De Aldama

Este es el motivo por el que los 'populares' también piden a Globalia que facilite al Senado una copia del contrato suscrito entre Air Europa con Víctor de Aldama "por intermediar en la recuperación de una cantidad impagada por el Gobierno de Venezuela y/o sus empresas públicas o auxiliares, con expresión del importe total de la deuda, la cantidad a cobrar por el señor De Aldama y el plazo de ejecución de encargo", prosigue el escrito.

En el citado dosier de la ONIF, el inspector Raúl Burillo también apunta, citando "fuentes abiertas", que Víctor de Aldama pudo ser una de las personas que acudió al aeropuerto de Barajas el día que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo una supuesta entrevista con el entonces ministro José Luis Ábalos. Por ello, la formación conservadora solicita al Gobierno de Sánchez "la relación de personas que estuvieron en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el 20 de enero de 2020, recibiendo a la vicepresidenta de Venezuela". Y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el PP requiere una copia de los vídeos de las cámaras del aeropuerto de la noche del 19 al 20 de enero de 2020, bajo custodia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que archivó la denuncia de se interpuso tras la visita de Rodríguez a España.

Carlos Barrabés

El tercero de los comparecientes sobre cuyo testimonio se pretende apuntalar las sospechas contra la actuación de la pareja del presidente del Gobierno es Carlos Barrabés Cónsul, quien según las informaciones publicadas fue quien presentó a Hidalgo a Begoña Gómez. Además está vinculado al máster que la mujer de Sánchez dirigió en la Universidad Complutense. Considerado un gurú del comercio online, asesora a empresas tecnológicas y entidades bancarias y es socio de una aceleradora de startups. El PP lo cita tras publicarse que la mujer del presidente del Ejecutivo central lo recomendó en sendas cartas en concursos públicos.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta también requiere a la empresa pública Red.es "el expediente completo del contrato a la UTE de Innova Next (de Barrabés) y The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente, IVA incluido". Asimismo, reclama el expediente completo de otro contrato de la misma UTE en la que participa Barrabés para la ejecución de un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital, por 4,4 millones IVA incluido.

Pero el escrito del PP también sigue los pasos de forma directa a Begoña Gómez, y demanda una copia de "todos" sus escritos, así como de los que sea partícipe dirigidos a la Administración General del Estado y sus organismos. Y reclama, en el mismo sentido, todos los contratos adjudicados o convenios suscritos por la Administración Central desde marzo de 2011 con las empresas Numintec Comunicaciones, Transforma TSC, Alquileres Trinidad y Gómez, Posada Restaurante Medieval El Manjón, Restaurante El Rincón de la Coral, Grupo Inmark, Task Force y Parrilla Gaucha El Manjón. El PP trata de determinar si estas firmas han tenido vínculos con Begoña Gómez, pese a que ella misma ha negado estar relacionada con algunas de ellas.

"Cuerpo diplomático"

Otras peticiones que pretenden determinar la actuación de Begoña Gómez es la solicitud de los expedientes de la concesión de ayudas desde 2020 a 2023 de entidades públicas al Instituto de Empresa África Center, que ella mismo dirigió, así como "la relación de visitas, encuentros y reuniones mantenidas" por ella "con miembros del cuerpo diplomático y consular, así como con los organismos internacionales, empresas y entidades del tercer sector desde 2019 hasta le fechas, incluyendo las visitas a países del continente africano". Pero también las ayudas aportadas por el Gobierno de Pedro Sánchez "al Plan Foco África 2023".

Al propio Instituto de Empresa le piden que facilite la identidad de sus patrocinadores y subvenciones firmadas con la Administración central; pero también un convenio celebrado con el Gobierno de Ghana.

Mientras a la Agencia Tributaria se le reclama el modelo 347 [declaración anual de operaciones económicas con terceras personas] de la empresa Wakalua Innovation Hub (que se sospecha que patrocinó la fundación África Center que dirigió Gómez) entre los años 2018 y 2022, a la Universidad Complutense de Madrid se le requieren datos "de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez", así como más detalles sobre el máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. En concreto, las retribuciones de los profesores y la vinculación de la mujer de Pedro Sánchez, sobre la que pretenden obtener información de su nombramiento e ingresos como directora del máster de 'Transformación Social Competitiva y como responsable del África Center.

Arma de oposición

El PP ve en su comisión parlamentaria en el Senado -donde tiene la mayoría absoluta para decidir los tiempos y los comparecientes- como su gran arma de oposición. La creencia en Génova es que la trama Koldo y todas sus derivadas será el “gran escándalo” de la legislatura y dan por hecho que las ramificaciones del caso se irán extendiendo durante meses. Dirigentes veteranos reconocen que lo han sufrido en sus propias carnes -solo hay que recordar la Gürtel o la Púnica- y que al final es la corrupción lo que acaba llevándose por delante los gobiernos. Con esta perspectiva, la estrategia siempre ha sido estirar al máximo las novedades de la comisión.

Y por ese mismo motivo nunca estuvo encima de la mesa que en el primer listado entraran Sánchez y su mujer. Es cierto que la apuesta ha sido fuerte porque tras valorar distintas opciones, el PP decidió incluir entre las personas que llaman a declarar en sede parlamentaria a las tres personas relacionadas con Begoña Gómez, justamente, con la idea de presionar e ir estrechando el cerco. “El último recurso será la mujer del presidente”, repiten en el entorno de Feijóo, reconociendo que el gran objetivo es que sea Sánchez el que comparezca y dé todas las explicaciones que quedan por saber. Si eso no ocurre, llamarán al presidente. Y a partir de ahí decidirán si realmente se confirma la citación de Gómez.

Como publicó este diario, Génova decidió hace semanas abrir distintas vías de actuación sobre el caso que afecta a la mujer del presidente. Agotar las vías administrativas es el primer caso y por eso recurrieron a la Oficina de Conflicto de Intereses sabiendo que es un organismo dependiente del propio Gobierno. Tenían que hacerlo para dar el siguiente paso. La vía judicial la valoran, pero no está decidida porque solo lo harán si ven “agua en la piscina”. Las investigaciones abiertas en torno al caso Koldo deben continuar y Feijóo ha dado orden de esperar hasta el volcado de los teléfonos móviles.