El Parlamento Europeo pedirá información a España y a la Comisión sobre la ley de amnistía

Los eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox han hecho valer este martes el peso de sus votos en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para mantener abiertas ocho quejas y peticiones de ciudadanos y organizaciones contra el proyecto de ley de amnistía que tramita el Congreso de los Diputados. Como resultado de esta nueva ofensiva, la comisión parlamentaria ha acordado pedir al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que les mantenga informados sobre la evolución de la ley y ha encargado sendas opiniones a la comisión de libertades civiles y a la de asuntos económicos de la Eurocámara. A petición del PP, la comisión decidirá en febrero si envía o no una misión a España.

Entre los ocho peticionarios que han presentado sus quejas han estado presentes la exeurodiputada socialista Rosa Díez, la jurista Teresa Freixes y el exeurodiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Los tres, como el resto de ciudadanos que han tomado la palabra, han denunciado que la ley no es una ley de amnistía, sino de “impunidad” y que pone en riesgo “el Estado de derecho en España”. En la misma línea se han pronunciado durante el debate más de media docena de eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox que han tomado la palabra y que han apoyado mantener abiertas las quejas y solicitar información tanto a las autoridades españolas como a la Comisión de Ursula von der Leyen sobre la evolución de este dosier.

La comisión parlamentaria también ha acordado solicitar informes de opinión sobre la ley de amnistía al grupo de trabajo sobre el Estado de derecho de la comisión de libertades civiles y al comité de asuntos económicos por el posible impacto del delito de malversación. Además, la eurodiputada del PP, Rosa Estarás, ha solicitado el envío de una misión de la Eurocámara a España para examinar “sobre el terreno” la ley de amnistía. Según fuentes populares, los coordinadores de los grupos políticos no han podido tomar este martes una decisión -la agenda estaba completa- y decidirán en su reunión de febrero, aunque según fuentes socialistas, durante la reunión de coordinadores ningún miembro del PPE se ha referido a la cuestión y no podrá tener lugar antes de que termine la legislatura "porque no hay tiempo".

Socialdemócratas y Verdes/ALE, en contra

En contra de la decisión del PPE, liberales de Renew y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) han votado los socialdemócratas y los Verdes/ALE que han estado representados por eurodiputadas del BNG y ERC. No ha participado en el debate ningún eurodiputado de IU o Podemos. Ambos grupos han arremetido contra la presidenta de la comisión de peticiones, Dolors Montserrat, acusándola de hacer un uso partidista de una comisión encargada de tramitar denuncias de todo tipo de los ciudadanos.

Pese a esta batería de deberes y quejas, la postura de la Comisión Europea, según ha confirmado su representante, no ha cambiado. “La Comisión está analizando el proyecto de ley, siguiendo el desarrollo de la situación nacional y está en contacto con las autoridades españolas”, ha explicado el director, Julien Mousnier, que ha recordado en su turno de réplica que se toman “muy en serio” la evaluación de la propuesta de ley, pero que, tal y como avanzó el 22 de noviembre el comisario de justicia, Didier Reynders, no podrá concluir el examen hasta que la ley no esté aprobada.

“Para que podamos finalizar nuestra evaluación tenemos que basarnos en la ley ya aprobada, algo que todavía no es el caso. Para que podamos determinar si cumple la legislación de la UE, es decir, si cumple los valores fundamentales, tal y como se fijan en el artículo 2 del Tratado, así como las disposiciones del derecho penal, sobre terrorismo, corrupción y protección de intereses de la unión” ha añadido insistiendo en que siguen de cerca la tramitación, pero que en esta fase “no se puede añadir más”.