Sanciones disciplinarias a fiscales, una medida excepcional que puede revisar la justicia

Los fiscales, al igual que los jueces, están sometidos a un régimen disciplinario que puede terminar en fuertes sanciones si se encuentran pruebas de que su proceder ha sido irregular. No obstante, desde el inicio de la democracia este tipo de procedimientos se han producido de modo muy excepcional, y en ocasiones el castigo impuesto ha sido anulado posteriormente por los tribunales de lo contencioso-administrativo.

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado da cuenta de esta excepcionalidad, tanto por número de informaciones previas -investigaciones preliminares ante una sospecha de irregularidad- como de incoación de expedientes en sí. Además, el número de actuaciones en total ha caído notablemente en los últimos años: de las 23 informaciones previas de 2018 se pasaron a 3 en 2022 y, en cuanto a la incoación de expedientes, han ido también descendiendo desde los 9 de hace cinco años a los 2 que se reflejan en la última Memoria.

Las investigaciones como la iniciada ahora contra la fiscal de Anticorrupción Carmen García Cerdá se llevan habitualmente tan en secreto que apenas tienen reflejo en los medios de comunicación. El más llamativo en los últimos años ha sido el denominado caso Stampa, que terminó en archivo e involucró al actual fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz.

En este caso fueron muy criticadas las decisiones que García Ortiz adoptó desde la Secretaría Técnica, el órgano en la cúpula del Ministerio Público a cuyo frente se encontraba antes de ser designado fiscal general. Sus sugerencias llevaron a alargar la investigación interna que la Fiscalía de Madrid había abierto a Ignacio Stampa, uno de los fiscales de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo. Dicha investigación, a raíz de unas informaciones que resultaron manifiestamente falsas sobre la especial relación del fiscal con una de las abogadas de la acusación de Podemos, fue fundamental a la hora de no otorgarle una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, lo que supuso su expulsión de la causa.

Nuevo procedimiento

En todo caso, el procedimiento disciplinario de los fiscales ha sido reformado recientemente para superar al que se regulaba en una norma preconstitucional, que databa de 1969. Así, desde mayo de 2022 se cuenta con una figura copiada de la inspección a los jueces que ya funcionaba en el Consejo General del Poder Judicial, la del promotor de la Acción Disciplinaria, que actualmente ejerce el que fuera fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Es el encargado de incoar y practicar las pruebas que pueden llevar a sancionar a un fiscal con advertencia, multa, traslados, suspensiones y hasta la separación del servicio.

Además del de Stampa, han sido mediáticos otros expedientes abiertos a fiscales, como el que se impuso al ahora abogado Juan Antonio Frago, que fue anulado por la justicia. En este caso concreto, la Audiencia Nacional ordenó en febrero de 2014 reponerle en su puesto en la Fiscalía de A Coruña por entender que en su caso se habían vulnerado sus derechos y también hubo infracción del principio de legalidad. Había sido expulsado de la Carrera por "faltas de respeto" a su superior, la jefa provincial.

Caso pendiente en el Supremo

Curiosamente, y ahora en su papel de abogado, este fiscal en excedencia ha llevado a juicio en el Tribunal Supremo una decisión del fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, de impulsar un expediente que terminó en sanción de 1.500 euros contra una subordinada. La fiscal afectada rebate la multa asegurando que no fue más que la consecuencia de sus quejas tras verse obligada a trabajar a pesar de encontrarse de baja por un embarazo de riesgo. El alto tribunal deliberará sobre este caso el próximo 9 enero.

Otro caso polémico ha sido el del papel jugado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por las investigaciones finalmente archivadas por supuesta revelación de secretos contra el miembro de este departamento Vicente González Mota, por su posición contraria a la prescripción de los delitos que se investigan en un caso aún pendiente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La apertura de estas pesquisas internas se produjo a raíz de la publicación en prensa de sus discrepancias con el fiscal jefe, Jesús Alonso.

Igualmente se han abierto procedimientos disciplinarios contra fiscales por actuaciones que no tenían nada que ver con las discrepancias con sus superiores, sino más bien por un comportamiento poco ejemplar. Así, el exfiscal jefe de Orense Florencio Delgado fue suspendido de empleo y sueldo durante año y medio -una decisión confirmada en febrero de 2022 por la Audiencia Nacional- por ocupar durante diez años de forma gratuita una vivienda alquilada por la Xunta de Galicia a pesar de que la Adminstración extinguió el contrato de arrendamiento. El pasado mes de septiembre, el fiscal general, Álvaro García sancionó a una fiscal de Madrid con una multa de 1.500 euros como responsable de una falta disciplinaria grave de desconsideración a los funcionarios que tenía a sus órdenes.