Gobierno y Junta firman el acuerdo de Doñana y zanjan casi dos años de guerra política

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firman este lunes la paz definitiva en el Parque Nacional de Doñana. Un acuerdo que entierra la proposición de ley de regadíos con la que PP y Vox pretendía ampliar las hectáreas de cultivo intensivo en la corona norte del Parque y atender así lustros de reivindicaciones de un grupo de agricultores de la zona.

“Dejen de engordar más esta absurda guerra”. La paz se firmará bajo la mirada del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que clamó porque se frenara “la mayor crisis social, institucional y política” alrededor del espacio natural en mucho años y llamó a enterrar la guerra. El Gobierno de la nación, que iba a llevar la norma al Tribunal Constitucional, la Comisión Europea, la comunidad científica, la Unesco, la oposición política y los ecologistas formaron un frente común en contra de la ley andaluza. PP y Vox, de la mano del lobby de los agricultores de la zona, proponían ampliar el suelo de regadío en un momento crítico en Doñana por la sequía y la falta de agua.

La paz en defensa del Parque supone un paréntesis en mitad de una etapa de dura confrontación entre el Gobierno y la Junta, en un momento en el que Moreno está dipuesto a convertir Andalucía en punta de lanza contra los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y vascos. Pese al enorme ruido político, ambos Ejecutivos han peleado porque las negociaciones de Doñana quedaran a salvo del enfrentamiento político de PP y PSOE en España.

Fue el 3 de octubre cuando Moreno y Ribera se reunieron en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para explorar un acuerdo que pusiera fin a más de 21 meses de enfrentamiento político alrededor de Doñana. PP y Vox registraron por primera vez la proposición de ley de regadíos en la Cámara autonómica en enero de 2022. Decayó con la convocatoria de elecciones andaluzas y volvió a presentarse en marzo de 2023. La norma proponía legalizar más hectáreas de regadío, unas 750, en la corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque, en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos del Condado de Huelva. Son municipios que fueron afectados por el plan de reordenación de la fresa de 2014, que eliminaba 1.653 hectáreas bajo plástico a los pies del Parque tras años de crecimiento desaforado y sin control del cultivo de frutos rojos y tras un aviso serio de la Unión Europea.

Una sentencia del Tribunal Europeo en junio de 2021 condenó a España por no preservar el Parque y advirtió de sanciones económicas automáticas si no se cumplían las medidas propuestas para proteger Doñana y su acuífero. La Comisión Europea ha recordado que podrá elevar esas multas durante el conflicto abierto con la ley de regadíos. La vicepresidenta Ribera fue quien descolgó el teléfono el pasado septiembre, en tiempo ya de descuento para aprobarse la ley andaluza, proponiendo a Moreno una pista de aterrizaje. El presidente andaluz ha defendido en primera persona una norma muy conflictiva que ha erosionado su perfil de centro, su apuesta por "una revolución verde" en Andalucía y su promesa de luchar contra el cambio climático. A cambio, el PP cosechó unos resultados históricos en Huelva en las últimas municipales de mayo y por primera vez en la historia gobiernan la Diputación onubense.

700 millones de inversión

El acuerdo ha sido posible después de que el Ministerio prometiera doblar la inversión dedicada al Parque de Doñana y los pueblos que conviven con la reserva natural. Tal y como avanzó este periódico, las compensaciones económicas alcanzarán los 700 millones de euros, con 350 millones de euros más, que doblan la apuesta inicial del Plan Doñana, de 356 millones de euros, presentado en noviembre de 2022 para la restauración del Parque. Ese dinero servirá, según las distintas carpetas de trabajo abiertas en las negociaciones, para fomentar la agroindustria alrededor de los ‘berries’ en Huelva, promover cultivos alternativos que necesiten menos agua, como las vides, y para fomentar otras industrias que den trabajo a la zona más allá de la agricultura intensiva.

Sobre la mesa hay un ambicioso proyecto para que Huelva desde su Polo Químico lidere la producción europea de hidrógeno verde con sólidas inversiones ya en marcha de la mano de Iberdrola o Cepsa. La colaboración público-privada podría aumentarse para potenciar la producción de la energía de moda.

Habrá también una partida relevante para la construcción de alojamientos para los temporeros, que acabe con el problema de las chabolas en la zona, que ya ha ocasionado otro expediente en la UE, y que los empresarios y los ayuntamientos son incapaces de erradicar con éxito. Además se multiplicarán las actividades promocionales y las inversiones para blindar la marca de los frutos rojos de Huelva en los estantes de las principales cadenas de supermercados europeas, con clientes concienciados y preocupados por la protección del Parque de Doñana, que exigen garantías de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Una marca dañada por campañas periódicas de boicot donde se entremezclan intereses de otros productores europeos.

Los agricultores han presionado hasta el último minuto por recibir compensaciones por los terrenos que quedaron fuera del plan de la fresa. La intención de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han pedido hasta el final que sus suelos fueron declarados de regadío aunque luego se expropiaran por parte del Gobierno. Eso elevaría de forma importante las compensaciones por ese suelo, que valdría hasta diez veces más si se puede dedicar al cultivo intensivo que si es de secano o forestal. El Ministerio siempre ha rechazado esa vía. Moreno se comprometió públicamente con los agricultores a supeditar cualquier pacto al visto bueno de los afectados en la zona.