Análisis

Una ingeniería jurídica para 'inaplicar' la amnistía, por Ernesto Ekaizer

En círculos de letrados y juristas de la derecha se empieza a pergeñar una alternativa a la cuestión de inconstitucionalidad para cortocircuitar la ley tras publicarse en el BOE

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont. / Europa Press / Benoit Doppagne

Ernesto Ekaizer

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Detrás de los bastidores de la movilización militante contra la futura amnistía convocadas inicialmente por José María Aznar y FAES hay, de hecho, un laboratorio donde letrados y juristas, sin usar su bata blanca, están ensayando diferentes fórmulas de alquimia para echar agua al vino o cortocircuitar la ley una vez publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE). Aparte de la posibilidad de que los jueces y en particular la Sala Segunda del Tribunal Supremo, eleven, al aplicarla, cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía al Tribunal Constitucional, se baraja otro mecanismo: inaplicarla por ser pretendidamente contraria a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas.

Supongamos que aparece la ley de amnistía en el BOE, digamos que Carles Puigdemont, entre otros, se dirigen al instructor de sus causas (o a los instructores ahora que ha nacido otro en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón) y solicitan el archivo de las mismas por vigencia de la ley de amnistía ya vigente. Aquí habrá que esperar el contenido de la respuesta del instructor Pablo Llarena, de la Sala Segunda del Supremo, y de García Castellón, si sobreviven sus pretensiones, y también el momento en que se produzcan. Antes de responder podrían plantear, por ejemplo, una cuestión de inconstitucionalidad al TC.

Pero aparte de este recurso clásico se ha empezado a perfilar otra alternativa. El pasado 19 de octubre, precisamente, algunos matices de esta alternativa ya fueron esbozados por algunos letrados del Tribunal Constitucional en las XXIX Jornadas de la Asociación de Letrados del TC en Vigo, Galicia. En particular, en una mesa redonda, expuso las posibilidades de este planteamiento la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid Palomo Biglino. Quien también parece teorizar sobre ello es Ignacio Ulloa, exsecretario de Estado de Seguridad (2012-2013), que estaba entre el público presente, con el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el Gobierno de Mariano Rajoy, así lo lanzó al ruedo.

La idea: en lugar de plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el TC inaplicar directamente la ley por ser, pretendidamente, contraria al derecho comunitario. Un criterio que también se extendería a las resoluciones de la ONU ratificadas por España.

Por violar artículos de la UE

La "construcción" se basaría en los mismos artículos que la UE está aplicando durante el contencioso con Polonia y Hungría a través del artículo 7 de la UE. El mismo acusa a ambos países de violar los artículos dos ("la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres") y 19 ("…los estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión…Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia").

En su reciente declaración, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros llevan diez años en el cargo de un mandato que debía durar cinco, primeros, por tanto, violadores de la ley, señala precisamente: "Este Consejo General del Poder Judicial no puede dejar de señalar que lo que se violenta con la medida anunciada por el Presidente del Gobierno no solo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial. El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el `interés de España´".

En el alineamiento se sitúa el juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, según adelantó la periodista Alicia Gutiérrez en Infolibre, que no ha ocultado su censura de la ley de amnistía el pasado 5 de octubre de 2023. En su auto del pasado lunes 6 de noviembre, en el que imputa a Puigdemont (técnicamente le ofrece prestar declaración antes de solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio ya que es aforado) y otras 11 personas el presunto delito de terrorismo que ha podido tener como consecuencia un ciudadano francés que murió de infarto en el aeropuerto de El Prat en 2019 (el juez dice que es necesario investigarlo cuando la causa del Tsunami Democràtic lleva abierta desde 2019 en su juzgado y no ha solicitado diligencia alguna sobre las circunstancias de ese fallecimiento).

García Castellón escribe: "La Unión se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, que son comunes a los estados miembros. Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión. También representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los estados miembros y en los que se fundamenta la Unión”. Por tanto, aquello que ya se esbozó en Vigo por algunos letrados y catedráticos ahora es una posibilidad más que probable.

¿Qué harán Pablo Llarena y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, cuyo segundo mandato de cinco años vence en octubre de 2024?

Todo lo que en su capacidad de instructor e ingeniero jurídico, respectivamente, puedan para retrasar si no invalidar exitosamente la ley de amnistía. De la misma manera que Pedro Sánchez empezó su marcha hacia la amnistía con los indultos en 2021, Marchena salió al campo de batalla abierto con su informe no vinculante sobre los indultos, en el que él y los magistrados acusaban al presidente de Gobierno de "autoindultarse" al perdonar a Oriol Junqueras por ser ERC la muleta del Gobierno de coalición, recogiendo la posición de los fiscales irredentos contra el procés.