El acuerdo dará otros 350 millones a Huelva

Paz en Doñana en mitad de la batalla: acuerdo de Junta y Gobierno a falta de “flecos y agenda”

El pacto sobre el Parque tiene cinco claves: agroindustria, turismo, hidrógeno verde en el Polo Químico, viviendas para temporeros y ‘marca Doñana’

Cultivo de fresas ubicado en la zona de regadío al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Cultivo de fresas ubicado en la zona de regadío al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Isabel Morillo

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Un mes después de que, el pasado 3 de octubre, la vicepresidenta Teresa Ribera desembarcara en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, con 350 millones de euros más en la cartera para el plan Doñana y una oferta para sellar con el presidente andaluz Juanma Moreno una tregua y explorar un acuerdo sobre el Parque Nacional, ambas partes exhalan “satisfacción” e “ilusión”. Aunque el acuerdo aún no se ha anunciado, admiten en las dos administraciones que está a punto a falta de “flecos y agenda”.

La batalla campal abierta por la investidura de Pedro Sánchez y el pacto con Junts y ERC impiden, de momento, la escenografía de esa rúbrica que dejará atrás 21 meses de conflicto con el espacio natural, patrimonio de la Unesco, como rehén. “La mayor crisis social, institucional y política en mucho tiempo” alrededor de la reserva natural, advirtió Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana.

La letra pequeña del acuerdo se desconoce pero las partes admiten que está cocinado y "fomentará alternativas de empleo y riqueza" para una provincia que tiene como motor económico los frutos rojos, con más de 1.000 millones de euros de facturación al año, el 9% del PIB de Huelva, según la patronal Freshuelva. Aunque los agricultores pedían compensaciones, que su suelo fuera reclasificado como de regadío, lo que multiplica por diez su valor, y posteriormente comprado por el Gobierno, las opciones de compra de terrenos o permuta de suelos no están sobre la mesa, ha podido saber este periódico. El presidente andaluz se comprometió a que los agricultores tuvieran la última palabra. La Junta ya anunció una inversión millonaria para comprar un humedal junto a Doñana.

Las compensaciones económicas alcanzan los 700 millones de euros, con 350 millones de euros más, que doblan la apuesta inicial del Plan Doñana, de 356 millones de euros, presentado en noviembre de 2022 para la restauración del Parque. Ese dinero servirá, según las distintas carpetas de trabajo abiertas en las negociaciones, para fomentar la agroindustria alrededor de los ‘berries’ en Huelva, promover cultivos alternativos que necesiten menos agua, como las vides, y para fomentar otras industrias que den trabajo a la zona más allá de la agricultura intensiva. Sobre la mesa hay un ambicioso proyecto para que Huelva desde su Polo Químico lidere la producción europea de hidrógeno verde con sólidas inversiones ya en marcha de la mano de Iberdrola o Cepsa. La colaboración público-privada podría aumentarse para potenciar la producción de la energía de moda.

Viviendas para temporeros

Tal y como avanzó la vicepresidenta Ribera días atrás en Bruselas, habrá también una partida relevante para la construcción de alojamientos para los temporeros, que acabe con el problema de las chabolas en la zona, que ya ha ocasionado otro expediente en la UE, y que los empresarios y los ayuntamientos son incapaces de erradicar con éxito. Además se multiplicarán las actividades promocionales y las inversiones para blindar la marca de los frutos rojos de Huelva en los estantes de las principales cadenas de supermercados europeas, con clientes concienciados y preocupados por la protección del Parque de Doñana, que exigen garantías de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Una marca dañada por campañas periódicas de boicot donde se entremezclan intereses de otros productores europeos.

Diez reuniones

Han servido diez reuniones, con máxima discreción y sin radiar lo que se discutía en cada mesa, con las dos administraciones y varios sectores implicados, para encarrilar un acuerdo que permitiría enterrar de una vez la proposición de ley, registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, por primera vez en enero de 2022. La norma proponía legalizar más hectáreas de regadío, unas 750, en la corona Norte de Doñana, a unos 30 kilómetros del Parque, en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos del Condado de Huelva. Son municipios que fueron afectados por el plan de reordenación de la fresa de 2014, que eliminaba 1.653 hectáreas bajo plástico a los pies del Parque tras años de crecimiento desaforado y sin control del cultivo de frutos rojos y tras un aviso serio de la Unión Europea.

Un plan de la fresa que costó diez años de elaboración y que finalmente fue aprobado por el PSOE en la Junta con el respaldo del PP en el Gobierno central. Los agricultores afectados por ese recorte, cuyos suelos pasaron a ser de secano o forestal, nunca estuvieron conforme. Muchos continuaron cultivando sus fincas, aunque había partes no autorizadas para el cultivo intensivo de frutos rojos. La comarca siguió siendo un polvorín, curiosamente con mayoría de ayuntamientos socialistas, sumados a las quejas por esa regulación. Una sentencia del Tribunal Europeo en junio de 2021 dio un serio aviso a España y advirtió de sanciones económicas automáticas si no se cumplían las medidas propuestas para proteger Doñana y su acuífero. La Comisión Europea ha recordado que podrá elevar esas multas durante el conflicto abierto con el Parque.

Alas al 'lobby' fresero

El lobby fresero del Condado de Huelva cogió impulso con el primer Gobierno de Juan Manuel Moreno. PP y Vox, entonces aliados parlamentarios en Andalucía, registraron una proposición de ley que modificaba el plan de 2014 para volver a dar licencias de regadío a todas las hectáreas que fueron excluidas. Aquella iniciativa decayó con el adelanto electoral. Las autonómicas de junio de 2022 dieron mayoría absoluta al PP de Moreno. La proposición de Doñana perdía fuelle, el Gobierno del PP se inclinaba por una salida pactada para reconducir todo el ruido y el desgaste del primer intento, que ya puso en pie de guerra a la comunidad científica, la Comisión Europea y a los ecologistas.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Energética en funciones, Teresa Ribera, siempre ha expresado su enfado porque Moreno la “engañó”, al asegurarle, según su versión, en una charla informal que esa iniciativa no saldría adelante. En marzo de 2023, días después de que el portavoz del Gobierno y consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, diera por aparcada la proposición de ley en una reunión con el secretario de Estado Hugo Morán, la iniciativa se volvió a registrar en el Parlamento con la rúbrica de PP y Vox en mitad de la peor sequía en décadas. La formación de extrema derecha aseguró que la presentaría en solitario y marcó los tiempos.

El mayor conflicto político entre Junta y Gobierno desde que el PP gobierna en Andalucía, hace cinco años, acababa de estallar. La bola echó a rodar y ha deparado todo tipo de episodios. Desde Pedro Sánchez visitando Doñana sin preguntas para hacerse la foto a una delegación de parlamentarios alemanes, de vuelta en un avión, sin visitar el Parque aunque la propia Junta de Andalucía había autorizado la visita por carta al Bundestag. Una campaña de boicot a la fresa de Huelva desde Berlín dinamitó la excursión alemana y la Junta y los agricultores salieron en tromba a acusar al Gobierno de dar alas a los activistas contra la fresa de Doñana.

Varios frenazos

Los periodos electorales han marcado el calendario. La proposición podría llevar ya meses aprobada pero se frenó primero por las municipales y autonómicas de mayo, que dieron al PP un resultado histórico en Huelva y auparon al partido por primera vez a la Diputación desde 1979. Después, se frenó por las generales del pasado julio. Cuando la iniciativa echó de nuevo a rodar, ya a punto de enfilar la recta final de la tramitación, la vicepresidenta Ribera descolgó el teléfono y llamó a Moreno. Ambas partes admiten que fue fácil abrir una puerta al diálogo desde esa conversación, que se produjo a mediados de septiembre. Hacía tres meses que uno de los mayores expertos de Doñana, el biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación del Parque, había rogado en una comisión del Parlamento andaluz que por entonces pareció clamar en el desierto: “Detengamos la crispación, evitemos que la bola de nieve siga creciendo” para añadir “dejen de engordar más esta absurda guerra”.