La web de la Generalitat para delatar manifestantes llega a la justicia europea

La página de internet de delaciones que impulsó la Conselleria de Interior durante la etapa de Felip Puig (CiU) por los desordenes públicos durante la huelga general del 29 de marzo del 2012 ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia). Una de las personas que aparecía fotografiado en esa web Roger Sabà Riera, entonces militante de la Coordinadora Obrera Sindical y de la CUP de Figueres, ha interpuesto esta semana una demanda por la presunta vulneración de derechos fundamentales, como el derecho al respeto a la vida privada y familiar, a la propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de inocencia, entre otros. El Tribunal Constitucional rechazó por un defecto de forma el recurso de amparo, pero el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer abrió en camino para acudir a las instancias europeas.

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La demanda, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, recoge el recorrido judicial que ha conllevado las demandas de Sabà desde 2013, cuando presentó la primera hasta abril del 2023, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo por una cuestión formal y sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Tras agotar la vía judicial en España, Sabà, representado por el abogado Benet Salellas, ha acudido al TEDH. "Pretendo que no pueda utilizarse una herramienta de este tipo nunca más. Pusieron mi foto como un se busca, sin garantías. Me perjudicó mucho y, sobre todo, produjo dolor en mi familia. Al día de hoy sigo sin obtener respuesta", asegura Sabà, que ha ido de la mano del colectivo Alerta Solidaria.

El voto particular

El escrito presentado en el TEDH recoge el voto particular de Balaguer, que se pronunció a favor del amparo y que argumentó que la decisión adoptada por los Mossos de publicar la imagen del demandante "no contaba con la necesaria habilitación legal” y añadió que tampoco concurrían “ninguna de las situaciones de urgencia y necesidad” en las que, de forma excepcional, la policía puedan actuar sin mediar previa autorización judicial. La página de internet funcionó durante un mes en 2012. Fue activada con 231 fotografías y tres vídeos en los que aparecían 68 personas, de los que 23 fueron identificados. La mayoría, al final, fueron absueltos.

La demanda ante el TEDH reitera que "no existe un precepto legal" que "habilite la actuación realizada por parte de la policía de la Generalitat y que ha afectado al derecho a la propia imagen" de Sabà. Detalla que las sentencias dictadas en España "se han refugiado" en la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el reglamento de videovigilancia que prevén la captura de imágenes, cuando realmente "el debate se centra" en su difusión que, recuerda, "no se encuentra habilitado por ley". Además, esgrime que tampoco existió un control judicial, ni una supervisión por parte de un juez, "siendo una acción totalmente autónoma" de los Mossos. Al entender del abogado de Sabà, se podrían haber utilizado otras medidas que permitieran descubrir la identidad de las personas captadas por las cámaras policiales mientras cometían supuestos actos delictivos, "con una afectación menor a los derechos fundamentales".