El choque por la violencia machista pone en riesgo que el PP gobierne en Extremadura

Vox exige entrar en el Gobierno de Extremadura y María Guardiola, la candidata del PP, no quiere. Eso es lo que dijo durante toda la campaña electoral que haría y ella, a diferencia de Carlos Mazón (PP) en la Comunidad Valenciana, lo ha mantenido. Esa línea roja y la falta de acuerdo entre las dos derechas supuso que, este martes, el PSOE, que fue el partido más votado, obtuviera la presidencia de la Asamblea de Extremadura. Guardiola no se arredró: no piensa "regalar consejerías" a Vox, aseguró.

"Hay tiempo suficiente para seguir negociando", declaró Buxadé (Vox) sobre el reparto de consejerías

La presidenta de los populares aseguró que prefiere ir a nuevas elecciones que meter en su Gobierno a un solo consejero del partido de ultraderecha. En sus conversaciones con Vox les ofreció la presidencia y una secretaría en la Mesa de la Asamblea y que el senador autonómico que designa el Parlamento extremeño fuera de Vox. Pero ninguna consejería en el Ejecutivo. De la formación radical volvió a criticar que niegue la violencia machista, criminalice la inmigración y ponga una lona en Madrid con la que tira "a la basura la bandera de los derechos LGTBI". Son "batallas ideológicas" que no quiere permitir, informa Rocío Sánchez Rodríguez.

La rotundidad de Guardiola contrasta con el tono usado la víspera por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP quitó importancia al hecho de que en el documento que firmó su partido con Vox para el Gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana no se incluya ninguna referencia a la "violencia machista" y sí a la violencia "intrafamiliar". "La violencia machista es una obviedad. Parece que lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos”, añadió. Feijóo también dijo que el líder de Vox en Valencia, Carlos Flores Juberías, condenado por violencia machista contra su exmujer, había tenido un "divorcio duro".

Jorge Buxadé, portavoz nacional de Vox, se fue este martes a Mérida para reforzar la posición de su partido. "Hay tiempo suficiente para seguir negociando", declaró.

El proceso parlamentario

En este sentido, el calendario que marcan el reglamento y el Estatuto de Extremadura obliga a que la presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín, proponga un candidato a presidir el Ejecutivo regional antes del 5 de julio. La votación de investidura deberá hacerse antes del 20 de julio, tres días antes de las elecciones generales. Si la persona que proponga (el socialista Guillermo Fernández Vara o Guardiola) no logra mayoría absoluta, 48 horas después se volverá a votar y se requerirá mayoría simple. El procedimiento se puede repetir con los mismos o diferentes candidatos "cuantas veces lo considere oportuno" la presidenta de la Asamblea. Eso sí: después de dos meses de la primera votación y si nadie ha conseguido ser elegido, la Cámara quedará disuelta y Vara (presidente en funciones) deberá convocar nuevas elecciones.

Así las cosas, la complicada relación del PP con Vox en algunas instituciones (también queda por ver cómo avanzan las negociaciones en Aragón y Murcia, donde los populares les necesitan para las investiduras) impactará de lleno en la campaña de Feijóo a las generales.

Pleno tranquilo en Baleares

En las islas Baleares, la elección de la Mesa del Parlamento fue más tranquila y este martes los diputados del PP y Vox eligieron en el primer pleno a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament gracias a un acuerdo de las dos formaciones, informa Guillem Porcel. Los populares cedieron este puesto al partido de Santiago Abascal a cambio de "seguir negociando" la investidura de Marga Prohens, que quiere gobernar en solitario.

El discurso de Le Senne fue contenido, lejos de las barrabasadas de su Twitter, donde dejó escrito hace tres años que "las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene".

En la rueda tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lamentó que el PP esté introduciendo a Vox en las instituciones y Feijóo llegue a hablar de "divorcio duro" para justificar la violencia de género, informa Miguel Ángel Rodríguez. Este tipo de discursos, apuntó, suponen "retroceder 20 años" en la historia de España.