La Eurocámara insta a España a investigar y aclarar el espionaje con Pegasus

El Parlamento Europeo (PE) ha recomendado este jueves a España que investigue y aclare todos sus casos de supuesto uso de programas de espionaje como Pegasus, incluidos aquellos en los que no se ha reconocido la existencia de una orden judicial, y emprenda la anunciada reforma del Centro Nacional de Inteligencia.

El pleno de la Eurocámara ha aprobado las esperadas recomendaciones sobre el uso de Pegasus y 'spyware' similar en la Unión Europea, texto en el que se dedica una sección a España por el presunto espionaje a 65 políticos catalanes -18 de ellos con autorización judicial- y que afectó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros.

Con 411 votos a favor, 97 en contra y 37 abstenciones, la Eurocámara recomienda a España que lleve a cabo "una investigación completa, justa y efectiva" que aporte claridad sobre todos los casos en los que supuestamente ha usado Pegasus, "incluyendo en los 47 casos en los que no está claro si fueron objetivos del CNI por orden judicial". También pide que se aclare en una investigación el espionaje a Sánchez y a varios miembros de su Gobierno, y que se presenten las conclusiones sobre dichas pesquisas. Además, en los 18 casos de personalidades independentistas catalanas a los que se hizo seguimiento por orden judicial, España debe dar a estas personas acceso a dicha orden judicial, dice la Eurocámara.

Reparaciones legales

Los eurodiputados afirman, además, que todas las personas objetivo de este espionaje deben tener "acceso significativo a reparaciones legales" y que los procesos judiciales abiertos sobre sus casos se concluyan "sin retrasos y de manera imparcial y en profundidad". El texto insta también a que se comience la reforma del CNI anunciada hace más de un año y que Europol sea invitado a las investigaciones nacionales para que contribuya con su experiencia. Los dos grupos a la derecha del PP en el Parlamento Europeo, los conservadores (en los que se enmarca Vox) y la ultraderecha de Identidad y Democracia, habían tratado de enmendar el texto para referirse al espionaje a los independentistas catalanes como "parte de la investigación del intento de golpe de Estado de 2017".

Las enmiendas, que también eliminaban las recomendaciones sobre el CNI y Europol, no lograron el apoyo del pleno. Las recomendaciones votadas este jueves ponen fin a más de un año de trabajo de la comisión parlamentaria creada tras empezar a conocerse los escándalos sobre el uso de Pegasus en varios países de la Unión Europea, en el que han debatido con unos 215 interlocutores, celebrado decenas de audiencias y viajado a varios países, incluida España, para llegar al informe y conclusiones finales.

Espiar a delincuentes

Tras la votación, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha asegurado que las recomendaciones consensuadas son "un fracaso para el separatismo y una victoria para aquellos que defendemos que realmente los programas espías no pueden ser utilizados para espiar a personas inocentes pero sí para espiar a presuntos delincuentes, como fue el caso de España".

También se ha declarado satisfecha Diana Riba (ERC), que considera que las recomendaciones ponen a España "al mismo nivel que Polonia y Hungría" y celebra que la comisión pudiera visitar España durante sus pesquisas para, "frente a PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, que querían que no se hablara de ninguna manera del caso de Catalangate", hacer un escrutinio de la situación en España.

La 'consellera' de Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, considera "un paso adelante" el posicionamiento adoptado este jueves por el Parlamento Europeo en relación con las denuncias de espionaje político a más de 60 independentistas a través del programa Pegasus. Según Serret, la votación en la Eurocámara pone de manifiesto que "hay que avanzar en esta investigación y en que el Estado español ponga todos sus esfuerzos para investigar hasta el fondo estos casos, incluso sumando esfuerzos con la Europol". También considera necesario "avanzar, por parte de la Comisión Europea, en poner límites al uso de estos programas" y ve "indispensable que haya una definición más consensuada sobre qué entendemos por seguridad nacional y que no pueda ser utilizado para vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía europea".