Tribunales

Un juzgado de Melilla investiga la compra del voto por correo: entre 50 y 200 euros

La Junta Electoral de Zona pide a los responsables de Correos la identificación personal de los electores mediante DNI

La Junta Electoral de Melilla pedirá DNI o pasaporte al depositar en cualquier oficina el voto por correo

Agencia Atlas

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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de

Melilla

investiga, bajo secreto de sumario, un

presunto fraude electoral en el voto por correo

en la Ciudad Autónoma, después de que se conocieran los asaltos a empleados de Correos portadores de la documentación electoral. Según confirman a El Periódico de España, del grupo

Prensa Ibérica

, fuentes de la investigación los pagos que se ofrecen a los electores serían de entre 50 y 200 euros.

La Policía ha puesto en conocimiento de la jueza Carmen María Perles el contenido de las diligencias de investigación que había abierto, en las que se apunta a la actuación presuntamente irregular de 32 personas. Por el momento, la trama pretendería favorecer a dos diferentes formaciones políticas, según las mismas fuentes.

Por el momento, desde la Delegación del Gobierno se han adoptado medidas como poner vigilancia policial en la oficina de Correos de Melilla y dotar de protección policial a "cada uno de los carteros" encargados de la entrega de la documentación electoral. Las prevenciones parecen estar causando efecto, pues fuentes de la investigación afirman que el dispositivo policial parece haber provocado que ya no se están atreviendo a depositar los votos comprados. Otras prevenciones pasan por impedir que los votos sustraídos pudieran ser utilizados, así como facilitar nueva documentación electoral a esos electores.

Las alarmas saltaron hace una semana, cuando tres carteros en la misma franja horaria pero en distintos puntos de la ciudad fueron asaltados y se les sustrajo documentación electoral, un incidente que volvió a repetirse dos dos días después. A partir de ese momento es cuando se decidió que cada cartero de forma individual estuviera acompañado por policía nacional, local o guardia civil para proceder a la recogida y entrega de documentación electoral.

Acta de la Junta Electoral

Por otra parte, la Junta rechaza por el momento suspender el proceso de voto por correo en Melilla porque una medida tan extrema requeriría que se hubiera producido una "adulteración del proceso electoral de relevancia y basada en datos objetivos", lo que no concurre por el momento. Las sospechas de irregularidades se basan, según el acta dictado por el organismo electoral, y sin perjuicio de los robos a los funcionarios, en el porcentaje de electores que han optado por votar a través de dicho sistema, cercano al 20 por ciento.

Esta circunstancia, según la Junta, "si bien no se encuentra dentro de los parámetros de la normalidad" tampoco permite presumir por el momento la existencia de un fraude masivo en el proceso electoral.

Exigencia de DNI para el voto por correo

En cuanto al elevado número de personas que han pedido el voto por correo, y a consecuencia de una petición del PP y de Podemos, la Junta Electoral de la Zona Provincial de Melilla acordó este miércoles librar un oficio al director de la oficina de Correos en la ciudad para que "de forma inmediata" se exija la identificación personal del elector "mediante DNI, pasaporte, u otro documento válido", en la remisión del voto por correo.

Añade que aquellos electores que solicitaron el voto por correo y se vean impedidos de comparecer personalmente en la Oficina de Correos por una causa justificada, podrán solicitar a esta Junta Electoral "mediante comparecencia personal o email" autorización para que la entrega de su voto sea realizada por otra persona.

Según los datos oficiales, con fecha del pasado miércoles las solicitudes de voto por correo para Melilla ascienden a un total de 9.905 para un censo de de 55.186 electores, lo que supone el 17,95% de los electores, mientras que la media para el resto de España asciende al 2,47%. A fecha de hoy ese porcentaje de peticiones asciende al 19,94 por ciento, según documentación a la que ha tenido acceso este diario, la gran mayoría (10.062) tramitadas en oficina de Correos frente a 940 peticiones vía web.

Aunque en esta ciudad la experiencia viene demostrando que el porcentaje de electores que optan por esta modalidad de voto es muy superior a la medida nacional. El porcentaje se ha disparado en relación con los comicios inmediatamente anteriores --10,96% en las elecciones a Cortes Generales de noviembre de 2019; 7,78% en las municipales de mayo de 2019; 7,17% en las elecciones a Cortes Generales de abril de 2019; y 6,04% en las elecciones a Cortes Generales de junio de 2016--, mientras que a nivel nacional se han mantenido entre el 2% y el 4%. 

Además, siendo este jueves el último día de plazo para la solicitud del voto por correo, el porcentaje del 17,95% se incrementará, siendo previsible que alcance el 20%.  "Estas cifras son insostenibles, y sin mayor esfuerzo intelectivo hacen pensar que pudieran existir irregularidades en el proceso del voto por correo", añade la Junta.

En busca del comprador de votos

Las barriadas de Las Palmeras y Cabrerizas centran, entre otros puntos de la ciudad de Melilla, la investigación de agentes de la Comisaría General de Información de la Policía sobre el supuesto fraude de tráfico de votos por correo que, y no por primera vez, tiene alterada a la ciudad. 

Son solo dos puntos de un extenso campo de trabajo porque, según fuentes cercanas a la investigación, el fraude alcanza a un quinto del censo electoral melillense. Barrios enteros de la ciudad están siendo objeto de pesquisas, confirman fuentes policiales, en busca de quien confirme haber recibido ofertas de favores o pagos por su voto, pero sobre todo de quién ha estado tentando a los vecinos.

Una suerte de omertá reina en Cabrerizas, dificultando seriamente la investigación, si bien la Policía ya contaría con testimonios personales que afianzan la existencia de intentos de fraude y la búsqueda de familias enteras a las que acarrear a las urnas. 

El importante porcentaje de solicitudes de voto por correo fue lo que puso en alerta a las fuerzas de seguridad, antes incluso de que unos primeros carteros empezaran a contar que se sentían seguidos en la calle. La media española de voto por correo es del 2,4%, cuando en Melilla llegó ayer miércoles hasta el 17,95% para estos comicios, según la última acta de la Junta Electoral de zona.

Interior ha desplegado un dispostivo especial de seguridad a cargo de la Policía y la Guardia Civil, no solo para dar escolta personal a todos los carteros que llevan en sus motos la documentación necesaria del voto por correo, también para asegurar la sede de Correos. 

Y en ese aspecto, no solo con policías en las puertas guardando la instalación: también, custodiando a algunos trabajadores que podrían ser objeto de amenazas. Dentro de las oficinas, reforzando -cuando no supliendo- a los guardas jurados contratados por la empresa, la Policía ha situado agentes de información atentos a la llegada de alguna persona que trajera en mano “un taco de sobres”. No es ilegal, pero sí sospechoso. Si alguno llega, debe ser identificado.

Antecedentes

La ciudad ya cuenta con antecedentes por irregularidades en el voto por correo, y de hecho en 2008 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 abrió un procedimiento en el que se investigó una trama que compró votos prometía que tendrían preferencia al ser contratados en los planes de empleo que se implementaran en la ciudad. En la sentencia dictada entonces se decía que“la propagación de la noticia de la posibilidad de obtener trabajo a cambio de solicitar el voto por correo fue tal que el porcentaje de voto por correo aumentó ese año más del doble (fue del 11,42%) con respecto a las elecciones generales de 2004 (5,39%)”.

Otros antecedentes, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla, pasan por investigaciones como la realizada al hijo del expresidente Juan José Imbroda, por un vídeo en el que en su día solicitaba el voto por correo - fue absuelto-, a un gerente del PP que pidió votos a cambio de vales de comida --archivado también-- y el único caso que acabó en condena en 2008, antes mencionado, contra el presidente de Coalición por Melilla, hoy inhabilitado.