Una empresa panameña conecta la caja b del PP de Aguirre con las mordidas del tren a Navalcarnero

La empresa panameña Hanalei Holdings, que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Lezo sitúa como intermediaria en el presunto pago de la mordida de 1,7 millones de euros por las obras del tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, abonó también 100.000 euros al ex consejero delegado de la empresa pública Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. Este excargo madrileño es uno de los procesados por la presunta financiación ilegal del Partido Popular durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

Ni Aguirre ni su sucesor en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han sido procesados por la caja b del PP madrileño. Sí ha resultado implicado el exconsejero madrileño Francisco Granados. González se sentará en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión abonada por la constructora OHL a cambio de la adjudicación y explotación de la línea regional de tren, que contó con un presupuesto de casi 400 millones de euros de dinero público.

La conexión entre la mordida y el pago de los 100.000 euros a Martínez Nicolás se evidencia al contrastar el sumario de la pieza separada número 9 de Púnica y el del caso Lezo sobre los abonos realizados por la constructora entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir. La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado detectó que Martínez Nicolás disponía en Liechtenstein de un patrimonio no declarado de al menos un millón de euros. Además, los agentes descubrieron una operación de "compensación" entre Adrián de la Joya, procesado en Lezo y considerado por Hacienda como un "facilitador de negocios"; y los dueños de la compañía panameña Hanalei Holdings.

"Estrecha relación"

Esta firma se habría utilizado, prosigue la UCO en sus informes, para transferir una parte de la supuesta comisión ilegal de 1,7 millones -en concreto 1,5 millones-, al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. A este procesado la Guardia Civil le atribuye una "estrecha relación" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que sería el último destinatario de los fondos de OHL.

El propio Martínez Nicolás, acusado por Anticorrupción de utilizar la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar la campaña electoral del PP madrileño en 2011, reconoció haber recibido fondos de Hanalei Holdings mientras ejercía el cargo público. Sin embargo, defendió la legalidad de estos pagos, que justificó como resultado de los trabajos que había realizado antes de ser nombrado en 2008 consejero delegado de la agencia de informática.

Para defender esta versión, Martínez Nicolás propuso que el principal propietario de Hanalei Holdings, el empresario Jesús Gil Pérez, declarara como testigo. Sin embargo, una comisión rogatoria procedente de Suiza puso que manifiesto que la panameña no solo pertenecía a Gil Pérez, vinculado a la compañía centroamericana mediante la Fundación Gibis, radicada en Liechtenstein. Otros dos empresarios españoles también formaban parte del accionariado: Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedien). Este último fue el antecesor de Martínez Nicolás al frente de la Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid.

Adrián de la Joya

La Guardia Civil destaca, en este sentido, que Cerón Escudero y Gil Pérez fueron socios en el Grupo Avanzit, en la que también participó Adrián de la Joya, también procesado en el caso del tren a Navalcarnero.

Los uniformados, en un informe de 18 de febrero de 2022, explican el recorrido concreto de las mordidas. Según este relato, el dinero salió de España en 2007 "burlando los sistemas internos de OHL" con destino a sus filiales mexicanas. Estas firmas, a su vez, transfirieron 1,7 millones a una cuenta en Suiza de la empresa panameña Lauryn Group, propiedad de De la Joya.

En una grabación del comisario José Manuel Villarejo, incluida en el sumario del caso Tándem, cuyo contenido fue adelantado por El Periódico de España, el propio De la Joya sostiene que Ildefonso de Miguel era quien guardaba el dinero de la comisión por la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero destinado a González. La UCO destaca, en este sentido, que unas anotaciones de Villarejo, publicadas por este diario, apuntan que De la Joya informó al comisario jubilado de que la actividad de Hanalei Holdings era en realidad una compensación entre el dinero recibido de OHL, la presunta mordida, y los fondos transferidos a Ildefonso de Miguel.

700.000 euros

Por el contrario, la versión que dio De la Joya en el juzgado fue opuesta. Declaró que tras recibir el dinero en Suiza se negó a pagar la comisión a Ignacio González y se quedó con los fondos. Pero esta explicación no convenció a la Guardia Civil, que detectó que un mismo día, el 16 de enero de 2008, Hanalei Holdings INC transfirió 700.000 euros a una cuenta opaca en Suiza controlada por Ildefonso de Miguel a través de la mercantil panameña Surtain Trading; y otros 850.018 euros a otro destinatario sin identificar.

La suma de ambos movimientos de dinero es 1.550.018 euros, lo que supone 150.720 euros menos de los 1,7 millones transferidos por OHL. Esta suma, completa la UCO, es "compatible" con la posible comisión por intermediación que habría cobrado De la Joya, que en la citada grabación de Villarejo confiesa haberse quedado con una parte de la comisión abonada por la constructora.

Por eso, los agentes consideran que la actividad de la empresa panameña Hanalei Holdings INC, que pagó 100.000 euros a Martínez Nicolás, procesado por la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, se enmarca en una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de la constructora, que recibió el intermediario De la Joya, y que este podría haber compensado a los beneficiarios reales, que serían en primer lugar Ildefonso de Miguel y finalmente el expresidente madrileño Ignacio González. En sentido contrario, González siempre ha negado haber recibido una mordida de la adjudicación del tren de Navalcarnero a OHL.