Investigación interna: Un millar de mossos sancionados en 15 años y solo 11 expulsiones

La División de Asuntos Internos (DAI), la sección de los Mossos d’Esquadra encargada de investigar internamente la conducta de este cuerpo policial, ha sancionado a 958 agentes entre enero de 2006 y febrero de 2022. De los más de 1.300 expedientes disciplinarios abiertos en los últimos 15 años, el 70% acabaron en sanción. La más común es la suspensión de empleo y sueldo (819 casos, cuya duración depende de la gravedad), pero también ha habido 11 expulsiones del cuerpo, 28 traslados y 61 amonestaciones. 

Así lo indican los datos obtenidos por Verificat a través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) formulada al cuerpo de Mossos d’Esquadra, con el objetivo de concretar los datos que publica el Departament d’Interior en sus memorias anuales. En ellas aparece el número de sanciones, pero no especifica sus causas.

Más de una falta

En total, han sido sancionadas 1.119 faltas (algunos agentes acumulan más de una), de las cuales 903 (el 80%) fueron catalogadas como graves, 129 como leves y 85 como muy graves. Esta última categoría puede incluir torturas, discriminaciones racistas, machistas y homófobas, sobornos y ocultación de pruebas, y pueden conllevar la expulsión del agente del cuerpo o la pérdida de empleo y sueldo entre 1 y 6 años.

Tras la petición, Interior también facilitó a Verificat un listado, caso a caso, de 102 sanciones interpuestas contra agentes resueltas más recientemente. Solo aparecen algunas de las resoluciones porque la mayoría de ellas ya han prescrito: ha pasado un tiempo desde la sanción, por lo que la ley considera que el castigo ya está pagado y no deben ser recordadas

Destacan tres expulsiones del cuerpo por delitos de extorsión, estafa y otro contra la salud pública , relacionado con las drogas), así como largas suspensiones de empleo y sueldo por delitos de falsificación de moneda (5 años y 3 meses), daños (4 años), revelación de secretos (3 años) y atentado contra agentes de la autoridad (3 años).

Todas estas sanciones son fruto de expedientes disciplinarios, que se abren cuando la DAI observa conductas sospechosas o cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) notifica a Asuntos Internos que se ha interpuesto una denuncia contra un agente. Pero no todas las conductas sospechosas comportan la apertura de un expediente inmediato: cuando se trata de quejas ciudadanas o denuncias públicas formuladas en redes sociales o medios de comunicación, la DAI abre una información reservada, una especie de investigación previa. En la mayoría de casos, estas investigaciones terminan archivadas: de las 2.100 informaciones reservadas efectuadas, solo 795 (el 38%) terminaron en la apertura de un expediente disciplinario. 

Las manifestaciones independentistas

En octubre de 2019, las manifestaciones en respuesta a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra líderes independentistas dejaron un rastro de denuncias públicas de violencia policial contra los Mossos d’Esquadra. Durante aquellos días, el cento de defensa para los derechos humanos Irídia atendió a 204 personas y llevó 13 casos a la justicia. Las víctimas denunciaron lesiones por proyectiles de foam, golpes de porra a la cabeza, amenazas e incluso un atropello con un furgón policial. En total, 16 mossos y 3 policías nacionales fueron imputados tras las denuncias de esta organización.

De 2019, 11 expedientes siguen pendientes de resolución judicial, según el registro detallado por Interior, pero no consta ninguna sanción por hechos ocurridos durante aquella semana. Además, las cifras globales de aquel año (63 expedientes abiertos, 45 sanciones y 139 informaciones reservadas) tampoco son muy distintas a las de años previos.  

Aunque la normativa permite a los agentes usar la porra para defenderse o reducir personas, “los golpes deben darse con la defensa en paralelo al suelo y en partes muscularmente protegidas del tren inferior del cuerpo”. “En ningún caso”, sigue la instrucción de 2013, “se debe usar de arriba a abajo [es decir, golpes verticales] sobre zonas vitales del cuerpo humano, como la cabeza”. Por lo que hace a las escopetas de foam, el protocolo publicado por eldiario.es indica que los disparos deben hacerse “del abdomen hacia abajo”.

Sin embargo, en incumplimiento de esta norma, un agente de los Mossos d’Esquadra disparó una bala de foam a la cara de un jóven de 18 años, mutilándole el ojo izquierdo, durante las protestas postsentencia en la plaza Urquinaona de Barcelona. El autor del disparo no fue identificado, puesto que había 19 agentes de los Mossos en la zona, por lo que no hubo condena. Aun así, la investigación determinó que el autor pertenecía a los Mossos d’Esquadra, abriendo así la puerta a que la víctima pida una indemnización a la Generalitat. Otra persona perdió la visión aquella misma semana por hechos similares. 

Solo hay registro de dos sanciones relacionadas con actitudes de violencia física o moral en todos estos años. Una se refiere a un delito contra la integridad moral, que podría implicar “infligir torturas o maltratos, [...] así como cualquier actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que implique violencia física o moral”, según el artículo 68.1.d de la ley que rige el cuerpo policial catalán. Ocurrió en 2015 y se castigó con un año y un día de suspensión de empleo y sueldo. También hay otro caso, ocurrido en ese mismo año, de un delito de violencia machista (no hay más detalles), que terminó con la misma sanción.

Discriminaciones racistas

La organización SOS Racisme ha contabilizado 195 casos de discriminaciones y abusos policiales por motivos racistas entre 2017 y 2021 en Catalunya. 

Pero muchos de estos casos no se denuncian: en los últimos tres años, se denunciaron 62 de los 131 casos detectados. Especialmente las personas en situación administrativa irregular “se sienten más inseguras a la hora de denunciar, o tienen miedo que dificulte su proceso administrativo”, explica a Verificat Larissa Saud, coordinadora de comunicación de SOS Racisme.

A pesar de todas estas denuncias, en los datos proporcionados por la División de Asuntos Internos, que investigan a agentes del mismo cuerpo, no consta ninguna sanción por discriminaciones racistas o xenófobas.

Los sindicatos policiales recurren las sanciones

Hasta hace pocos meses, la Dirección General de la Policía aplicaba sus sanciones después de dictaminarlas; cuando un tribunal las anulaba, debía reincorporar al agente e indemnizarlo. Una sentencia del TSJC (confirmada por el Supremo) de este año lo ha cambiado: ahora, tendrá que esperar a que un tribunal confirme la sanción para poder ejecutarla. Para Palacio, esto garantiza “la presunción de inocencia de los agentes”. Esto alargará los procedimientos de rendimiento de cuentas por posibles malas prácticas.

321 agentes juzgados

La petición de transparencia también solicitaba información sobre los procedimientos judiciales abiertos contra agentes de los Mossos d’Esquadra. En los últimos 15 años, han pasado por el juzgado 321 agentes, 148 de los cuales han recibido una sentencia condenatoria. 42 fueron condenados a prisión, 78 a una multa y 28 fueron inhabilitados y perdieron su condición como funcionarios, aunque 13 de ellos la recuperaron posteriormente. 31 agentes fueron absueltos y los casos que afectaban a otros 79 fueron archivados. Otros 63 casos estaban pendientes de resolución judicial

Las condenas más graves que reportó la DAI a Verificat són por los delitos de falsificación documental (3 años de prisión en tres casos distintos, y 2 años en otros dos), malversación (2 años) y robo con intimidación (2 años). Otro agente fue condenado a 2 años de prisión por una retahíla de delitos que incluyen estafa, drogas, denuncia falsa, falsedad documental y revelación de secretos.

Mecanismos de control interno

Todos los datos presentes en este reportaje se desprenden de dos Solicitudes de Acceso a la Información Pública que realizó Verificat el pasado mes de marzo. Aunque finalmente la DAI entregó los datos solicitados, lo hizo con dos meses de retraso (la ley catalana de transparencia establece el plazo de un mes, prorrogable 15 días más) y sin notificar ninguna prórroga por vías oficiales como marca la norma. Dos semanas después de interponer una reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), la Unidad de Información del Departament d’Interior entregó los datos.

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