Derivadas 'caso Mediador'
La investigacion del 'caso cuarteles', paralizada a falta de peritos
Fiscalía apoyó a mediados del pasado mes de enero que los controles los realice Patrimonio del Estado
Roberto Bécares
Periodista
Cristina Gallardo
Periodista
Juan José Fernández
Redactor Jefe
Reportero.
Profesor en el Master de Periodismo Avanzado – Reporterismo de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull).
Diplomado por el CESEDEN en Altos Estudios de la Defensa Nacional.
Fue jefe de Información y Reportajes y jefe de Redacción de la revista Interviú durante 19 años.
Cristina Gallardo / Juan José Fernández / Roberto Bécares
La investigación que lleva a cabo desde finales de 2021 el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid sobre supuestas irregularidades en la contratación de obras para más de una docena de comandancias de la Guardia Civil en toda España, y que mantiene imputado al teniente general en la reserva Pedro Vázquez Jarava, se está topando con algunas dificultades relacionadas con la realización de los peritajes que deben acreditar si el reacondicionamiento de las comandancias responde a las cantidades invertidas efectivamente en las reformas.
Así, fuentes judiciales consultadas señalan que la magistrada María Isabel Durántez trata desde al menos ocho meses de obtener información de estas comprobaciones, imprescindible para poder seguir avanzando en la investigación. El sumario le fue remitido por el juzgado de Ávila que inició las pesquisas por sospechas en la comandancia de esta provincia española a raíz de una investigación de Asuntos Internos del propio instituto armado.
El pasado 16 de enero, la fiscal del caso emitió un informe, al que ha tenido acceso este diario, en el que mostraba su conformidad con el hecho de que la realización de estos controles corresponda finalmente a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda.
La respuesta de la fiscal obedecía a una comunicación remitida al juzgado por el Ministerio del Interior, concretamente por la Subdirección de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este documento se ponía de manifiesto la "imposibilidad" de que la perito designada incialmente para llevar a cabo este trabajo en Ávila pudiera realizarlo en el resto de acuartelamientos.
Dos de las empresas presuntamente implicadas en las obras pertenecen al empresario de Lanzarote Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', vinculado al caso Mediador. Se investiga si habrían conseguido de forma irregular las adjudicaciones presuntamente irregulares para las obras de reacondicionamiento de las comandancias, además de inflar las facturas de estos trabajos, alguno de los cuales podría haber sido pagado a pesar de no haberse terminado.
Los cuarteles de los que habla ese informe están en Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Las obras habrían permitido a las dos empresas "incrementar enormemente la facturación e ingresos", de acuerdo a la investigación realizada por Asuntos Internos de la Guardia Civial.
La juez también dio cuenta a la Fiscalía del contenido de un escrito en el que la Abogacía del Estado manifestaba que no se oponía a esta prueba -instada por Asuntos Internos de la Guardia Civil- encomendando la misma a Patrimonio. En fuentes de este departamento se señala a este periódico que si una juez lo solicita, el trabajo se realizará para colaborar con la investigación judicial, como no podía ser de otro modo.
Caso derivado de Ávila
Según la información aportada por la Fiscalía en su informe, en uno de los tomos del sumario de esta causa ya consta un informe pericial redactado en agosto de 2019 por una arquitecta sobre las obras contratadas en uno de los acuartelamientos investigados, precisamente el de Ávila, a resultas de una orden del juez de instrucción número 2 de la capital. Fue allí donde se inició el caso hasta que la implicación de un cargo de la importancia de Vázquez Jarava, uno de los de mayor rango de la Guardia Civil, lo que provocó la inhibición del juzgado abulense y la remisión del asunto a la capital.
Las razones del retraso de esta prueba se explican entonces, según fuentes de la investigación, en el hecho de que en principio el análisis se limitó a las obras de Ávila y así permanece hasta que el asunto llega a Madrid a raíz de la declaración del otro mando investigado, que es el teniente coronel Carlos Alonso. Es entonces, cuando Asuntos Internos continúa sus pesquisas con el 'debido sigilo' y concluye que es necesaria una ampliación del peritaje a todos los cuarteles afectados. Corresponde al departamento de Hacienda porque este es el que hace los controles del gasto por obras en servicios públicos.
Declaraciones
En espera del resultado de estas pericias, por el momento la juez Durántez ha tomado declaración como acusados en este procedimiento tanto a Tejera de León como a un segundo empresario, S. G.E., que estaría vinculado con los mismos contratos. La identidad de esta persona corresponde con el responsable de una empresa de albañilería en Alicante. También han sido interrogados por la juez madrileña Vázquez Jarava y el comandante Alonso, igualmente en calidad de investigados. Los delitos que derivarán de esta investigación no han sido aún determinados, si bien las mimas fuentes señalan que en principio se trataría de falsedad documental.
Las pesquisas han logrado concluir por el momento que el responsable de las empresas canarias habría alcanzado un acuerdo para contratar obras de impermeabilidad y pintura en un total de trece comandancias de la Guardia Civil. Las partidas destinadas a estas obras no son muy altas, pero se investiga si se incrementó irregularmente la facturación de las mismas, así como las razones por las que se optó precisamente por adjudicarlas a las empresas canarias.
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