El CGPJ se enroca en su bloqueo tras el freno del TC a la reforma del Gobierno

El dicho "dos no discuten si uno no quiere" debería empezar a decirse en España "dos no acuerdan si uno quiere". Representaría bastante bien lo que se está viviendo en el 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

, y, en concreto, en el pleno de

este martes

, forzado por el núcleo duro de los vocales elegidos a propuesta del PP, para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. El principal problema del fracaso de la reunión es que ellos quieren elegir a los dos magistrados haciendo caso omiso a la propuesta que hacen sus compañeros elegidos a propuesta del

PSOE

.

Este mismo martes por la mañana los vocales de sensibilidad progresista registraron como candidato al tribunal de garantías al magistrado del Tribunal Supremo que llevan respaldando desde septiembre, José Manuel Bandrés, como habían anunciado desde que comenzaron en septiembre las negociaciones entre los dos bloques que conforman el órgano de gobierno de los jueces. En la votación del pleno obtuvo solo los siete votos de los vocales elegidos en su día a propuesta del PSOE.

Mientras que los dos candidatos que proponen los vocales conservadores obtuvieron 10 votos cada uno, lo que supone que ninguno llegó a la mayoría de tres quintos necesaria para resultar elegidos. Se trata del magistrado del alto tribunal Pablo Lucas, como progresista, y del presidente de la Sala Primera del Supremo, César Tolosa, como conservador. De esta forma se cumpliría la tradición de que el Consejo eligiera a un magistrado de cada sensibilidad en la renovación del Constitucional que le toca.

Lo que no se había producido nunca al menos de forma tan nítida es que el sector mayoritario quiera hacer todas las designaciones sin ponerse de acuerdo con el resto del pleno, aunque para que los nombramientos puedan salir adelante haga falta una mayoría de tres quintos, proporción que la reforma paralizada por el Tribunal Constitucional este lunes quería reducir para facilitar las designaciones. El otro cambio en la norma en suspenso cautelarmente es que el tribunal de garantías no tenga que dar el visto bueno a los designados por el Gobierno.

Para conseguir la elección el bloque duro conservador instó la abstención de la magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga por ser esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que se perfila como su próximo presidente una vez se produzca la renovación.