Las cuentas catalanas

Los 4 ejes del acuerdo entre Govern, sindicatos y patronal para los presupuestos del 2023

El pacto prevé actualizar el IRSC y dotar las políticas de empleo con 595 millones

El 'president' Pere Aragonès junto a los representantes de Foment, Pimec, CCOO y UGT.

El 'president' Pere Aragonès junto a los representantes de Foment, Pimec, CCOO y UGT. / Zowy Voeten

Xabi Barrena

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El Govern de Pere Aragonès y los agentes sociales, es decir, las organizaciones empresariales (Foment del Treball y PIMEC) y los sindicatos (CCOO y UGT) han firmado este lunes un acuerdo con los ejes consensuados para la parte económica de los presupuestos de la Generalitat para 2023.

Actividad productiva e industria

El acuerdo contempla garantizar la ejecución de la totalidad de los importes consignados en el Pacto Nacional para la Industria (PNI), que para 2023 es de 680 millones de euros. Por otro lado, se acuerda garantizar que, en el marco de los espacios de gobernanza del PNI, se realizará la supervisión de la ejecución de los programas y líneas fijadas en el Acuerdo del Pacto Nacional para la Industria, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y la ejecución de los recursos anualizados hasta 2025, por un importe total de 3.270 millones de euros.

De forma complementaria, se intensificarán las tareas de atracción de fondos europeos para maximizar los recursos disponibles para las grandes transformaciones y el impulso que requiere la industria catalana, y se garantizará el despliegue efectivo de la Oficina de Gestió Empresarial y la Finestreta Única Empresarial.

Por otro lado, se comprometen a impulsar el apoyo a la internacionalización de las empresas catalanas, mediante el aumento, hasta los dos millones de euros, de las ayudas a las empresas, además de la creación de una nueva partida de dos millones de euros de ayudas directas para la puesta en marcha de las políticas de internacionalización, a través de sus planes de promoción empresarial en el exterior.

Políticas de ocupación

Las partes acuerdan desarrollar concertadamente la eficiencia y la calidad de las políticas de empleo fortaleciendo el Servei Públic d' Ocupació de Catalunya (SOC), mediante la ejecución del presupuesto estimado para 2023 de 595 millones de euros. Éste debe garantizar la eficiencia y una dotación de personal y de recursos suficiente para facilitar la orientación, intermediación y calificación que reclaman el tejido productivo y las personas trabajadoras, especialmente las que llevan más de un año en situación de desempleo, así como los colectivos prioritarios.

Formación profesional

El Govern y los agentes sociales se comprometen a aprobar, durante 2023, el primer Informe General de Prospecció Quatrienal que debe servir como fundamento para incrementar la oferta de plazas de formación profesional en Catalunya y para que ésta se ajuste a las necesidades de la demanda. Además, acuerdan que el Govern destine 14,5 millones a garantizar que el incremento de plazas del curso 2022-2023 se mantiene en el curso 2023-2024, con la creación de al menos 257 nuevos grupos. Y, para el curso 2023-2024, duplicar el número de personas orientadoras en los centros de formación profesional del sistema y optimizar los recursos existentes.

Por otro lado, se pacta aumentar la dotación presupuestaria de la Agència de Formació i Qualificació profesionals de Catalunya, pasando del 1,2 millones de euros del presupuesto 2022, hasta los 3,1 millones de euros para el año 2023, y destinar 1,1 millones de euros a dotar al Consorci de Formació Continuada de Catalunya (Conforcat).

Protección social

Ambas partes acuerdan actualizar el IRSC (Indicador de Renda Social de Catalunya) en un 8% hasta cerca de los 615 euros/mensuales. Esta actualización sería la primera desde el año 2010 y situaría al IRSC a niveles superiores al del IPREM, el equivalente a nivel estatal. El IRSC es la referencia para valorar la situación de necesidad y, por tanto, condiciona tanto el acceso a diversas prestaciones sociales como la cuantía de las mismas. Esta revisión provoca un aumento de las necesidades financieras de unos 144 millones de euros, que proceden mayoritariamente de la traslación del IRSC a los importes percibidos por la ciudadanía en concepto de Renta Garantida de Ciutadanía (RGC).

Además, se pacta instar al Estado a que traspase a la Generalitat la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y estudiar la progresividad negativa del RGC a medida que se incrementen los ingresos del trabajo, con una ganancia retributiva neta, para los beneficiarios del RGC que lleven un determinado tiempo siéndolo.

En otro orden de las cosas aparece la voluntad de favorecer la participación laboral de los hijos menores de 26 años, no contabilizando, o contabilizando parcialmente, sus ingresos, y de mantener el compromiso claro por el fortalecimiento del sistema público de salud de Catalunya y de sus políticas públicas. En concreto: aumentar la partida presupuestaria del Departament de Salut, priorizando especialmente la dotación destinada a la provisión de servicios en el ámbito de la atención primaria y en las condiciones de los profesionales del sistema.

Por último, consensúan instar al Estado a recuperar y consolidar la financiación adicional con motivo de la COVID-19, como la vía más inmediata para hacer frente a su infrafinanciación crónica.

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