La ANC afirma que el nuevo Código Penal erosionará "el derecho de reunión, de manifestación" y hasta "de pensamiento"

La ANC pretende erigirse en la voz de todos aquellos colectivos, incluso más allá del independentismo, que batallan para que el Congreso no apruebe la reforma del Código Penal que, por un lado, supone la derogación práctica del delito de sedición, por el otro, crea una tipificación "agravada" del ya existente de desórdenes públicos. En opinión de la entidad soberananista, este delito les golpearía por partida doble: "Por independentistas y por tener como objetivo principal la movilización ciudadana", apuntó la presidenta de la ANC, Dolors Feliu.

En opinión de otro de los portavoces, Uriel Bertran, la inclusión, en el redactado legislativos, de términos como "multitud", "intimidación" e, incluso "conspiración" convierten en acción delictiva "una reunión en la que se planifique una" manifestación e, incluso, un tuit que se exprese en ese sentido. Todo ello, según la ANC hace que los desórdenes públicos agravados atenten contra derechos fundamentales "como el de manifestación, reunión y la libertad de expresión y pensamiento".

La cúspide

Por todo ello, la entidad convoca a "todos los que estén en contra de la nueva ley", que aún debe superar algunos trámites en el Congreso a manifestarse el próximo martes, a partir de las 12 horas, en el Pla de Palau. El recorrido, que cuenta como lema 'Ningún pacto con España para encarcelarnos' finalizará en la plaza de Sant Jaume, donde habrá parlamentos.

La fecha no ha sido escogida al azar. El 6 de diciembre celebra el aniversario del referéndum en que la ciudadanía española aprobó, en 1978, la Constitución. Una Carta Magna que, para Feliu es "la cúspide del ordenamiento jurídico que se impone para poder reprimir el independentismo", dijo, antes de negar que haya cualquier camino hacia la secesión catalana que no incluya la "movilización".

La propia presidenta si aceptó que si la reforma del Código Penal se circunscribiera a la derogación del delito de sedición ello sería una buena noticia por cuanto "caminaría hacia las recomendaciones del Consejo de Europa". Sin embargo, el aumento de pena mínima de cárcel que acarrea esa nueva tipificación de desórdenes agravados, de uno a tres años, significa que aquellos condenados por cualquier acto deberán ingresar en la prisión, por cuanto esos tres años mínimos exceden el bonus de dos años de cárcel que la ley permite sin que suponga encarcelamiento.